Madrid puso fecha a un cambio que llevaba tiempo asomando en el debate público. El 26 de mayo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que ahora inicia su tramitación parlamentaria.
No es una norma pensada para escenarios remotos ni para laboratorios abstractos. Entra de lleno en usos muy concretos de la IA que ya inquietan fuera del sector tecnológico, desde los deepfakes sexuales hasta los sistemas capaces de explotar la edad, la fragilidad económica o una adicción.
La ley dibuja una línea roja para los usos que dañan derechos
El texto prohíbe las técnicas subliminales destinadas a manipular decisiones sin consentimiento y veta la explotación de vulnerabilidades vinculadas a la edad o a la situación socioeconómica. También impide clasificar biométricamente a las personas por raza, orientación política o creencias religiosas.
Ahí aparece uno de los núcleos más sensibles de la norma. La ley también bloquea la puntuación de individuos por comportamientos sociales cuando sirva para negar subvenciones o préstamos, una práctica que convierte datos personales en una especie de nota de conducta con consecuencias materiales.
Además, el proyecto veta la generación de deepfakes sexuales y los sistemas que clasifiquen con biometría a personas a partir de fotos tomadas de redes sociales. La lista incluye también chatbots que detecten usuarios con adicción al juego para empujarles hacia plataformas de apuestas.
Incluso entra en espacios tan cotidianos como la habitación de un niño. Los juguetes infantiles con inteligencia artificial no podrán animar a menores a completar retos peligrosos, una previsión que baja la discusión regulatoria del gran titular tecnológico al salón de casa.
Las sanciones alcanzan cifras que ya pesan en cualquier consejo de administración
Para las infracciones muy graves, la ley fija multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio anual. En las leves, la horquilla baja hasta 500.000 euros o el 0,5 % del volumen de negocio.
La arquitectura sancionadora deja claro que el texto no quiere quedarse en una declaración de principios. Cuando una norma pone sobre la mesa porcentajes sobre la facturación, el mensaje llega igual a una gran plataforma que a una empresa con fuerte dependencia de sistemas automatizados.
Óscar López sitúa la norma en una batalla por la confianza
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, presentó la ley como una respuesta a una demanda social de protección. En su intervención, vinculó la regulación con la idea de que la IA solo puede extenderse de forma estable si respeta derechos básicos.
"Casi el 80 por ciento de la población pide más protección de los derechos digitales" - Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública
El ministro también sostuvo que España está dando “un ejemplo sobresaliente” en el despliegue y la adopción de esta tecnología. En ese mismo marco, defendió que el país “abandera” una apuesta para que la inteligencia artificial sea “ética y confiable”.
López fue aún más lejos al afirmar que España ocupa el séptimo puesto mundial en desarrollo de inteligencia artificial y que es “el más avanzado” del planeta en tecnología “confiable”. La nueva ley, añadió, tiene un carácter “garantista y humanista”.
La supervisión humana seguirá dentro de los sistemas de alto riesgo
Uno de los puntos más prácticos del proyecto obliga a mantener supervisión humana en todos los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que puedan afectar a derechos fundamentales. La idea de fondo resulta sencilla de entender. Cuando una decisión automatizada puede condicionar la vida de una persona, alguien debe vigilarla y responder por ella.
Esa vigilancia no recaerá en un único organismo. La ley reparte competencias entre la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Al mismo tiempo, el proyecto crea un inventario de sistemas de inteligencia artificial usados en procedimientos administrativos. También incorpora la figura del delegado de inteligencia artificial, llamada a coordinar la aplicación de la norma y a asesorar en proyectos y contratación pública.
España quiere ordenar la IA mientras presume de músculo industrial
El texto no solo enumera prohibiciones y controles. También sitúa esa regulación en un país que menciona dos fábricas europeas de inteligencia artificial, un proyecto de gigafactoría, la empresa Multiverse Computing y ALIA, el modelo de inteligencia artificial en español.
Esa combinación tiene algo de tensión política y tecnológica a la vez. El mismo país que reivindica capacidad industrial y desarrollo propio intenta fijar límites precisos a los usos que considera inaceptables, como los deepfakes que erosionan la confianza pública o la biometría aplicada sin frenos.
No es una contradicción menor. El proyecto habla de gigafactorías y de liderazgo, pero aterriza en escenas muy concretas, como un préstamo denegado por una puntuación social, un menor empujado a un reto peligroso o un usuario vulnerable atrapado por un chatbot de apuestas.
Ahí está la medida real de la ley. Las cifras máximas de 35 millones de euros o del 7 % del volumen de negocio anual conviven con una pregunta mucho más doméstica, que explica casi todo lo demás, sobre quién controla a una máquina cuando esa máquina empieza a decidir sobre la vida de alguien.