España ha puesto negro sobre blanco una idea que hasta hace poco sonaba abstracta. El 26 de mayo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, y con ese paso abrió su tramitación parlamentaria.
No llega en el vacío. Llega cuando la inteligencia artificial ya no vive solo en laboratorios o grandes plataformas, sino en trámites, decisiones automatizadas, asistentes conversacionales y herramientas capaces de fabricar imágenes falsas con una facilidad que hace un año parecía improbable.
La ley dibuja una línea roja para los usos que afectan a derechos
El corazón del texto está en lo que no admite matices. Quedan prohibidas las técnicas subliminales que manipulen decisiones sin consentimiento y también la explotación de vulnerabilidades ligadas a la edad o a la situación socioeconómica.
Tampoco podrán usarse sistemas que clasifiquen biométricamente a personas por raza o por orientación política o religiosa. La norma veta además la puntuación de individuos basada en comportamientos sociales cuando sirva para negar subvenciones o préstamos.
Ahí aparece una de las tensiones de fondo. La misma tecnología que promete agilizar procesos puede terminar ordenando a los ciudadanos por perfiles invisibles, y convertir una ayuda pública o un crédito en el resultado de una caja negra.
Además, el proyecto prohíbe la generación de contenidos ultrafalsos de carácter sexual, una medida que llega después de la polémica por los desnudos creados por el asistente virtual Grok en la red social X.
También quedan fuera los asistentes conversacionales robotizados que detecten usuarios con adicción al juego para empujarles hacia plataformas de apuestas. La lista incluye los juguetes infantiles con inteligencia artificial que animen a completar retos peligrosos y los sistemas que clasifiquen biométricamente a personas a partir de fotos en redes sociales.
Óscar López defiende que España quiere una IA ética y confiable
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, presentó la norma como parte de una estrategia más amplia sobre el lugar que quiere ocupar España en esta tecnología.
"Casi el 80% de la población pide más protección de los derechos digitales" - Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública
El ministro sostuvo además que España está dando un ejemplo sobresaliente en el despliegue y la adopción de la inteligencia artificial. Añadió que el país abandera una apuesta para que esta tecnología sea ética y confiable, y definió la ley como garantista y humanista.
No es una discusión menor cuando el propio Gobierno sitúa a España en el séptimo puesto mundial en desarrollo de inteligencia artificial y la presenta como el país más avanzado en tecnología confiable. Cuanto más peso gana una herramienta, más visible resulta la necesidad de fijar límites.
La supervisión humana entra en el centro de los sistemas de alto riesgo
Otro punto clave obliga a mantener supervisión humana en todos los sistemas de alto riesgo que puedan afectar a derechos fundamentales. Dicho de forma simple, la decisión no podrá descansar por completo en una máquina cuando lo que está en juego toca libertades, acceso a servicios o trato igualitario.
Para vigilar ese marco, la ley reparte competencias entre varios organismos. Supervisarán distintos ámbitos la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Al mismo tiempo, el texto crea un inventario de sistemas de inteligencia artificial utilizados en procedimientos administrativos. Ese registro apunta a una pregunta muy concreta y muy cotidiana, saber dónde decide un algoritmo cuando un ciudadano se relaciona con la Administración.
Junto a ese inventario aparece otra figura nueva. El delegado de inteligencia artificial coordinará la aplicación normativa y asesorará en proyectos y contratación pública, una señal de que el problema no consiste solo en prohibir ciertos usos, sino en ordenar los que sí van a seguir adelante.
Las multas colocan el coste del incumplimiento en millones
Las sanciones muestran hasta qué punto el Gobierno quiere que la ley tenga dientes. Las infracciones muy graves podrán castigarse con hasta 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio anual, mientras las leves llegarán a 500.000 euros o el 0,5 % del volumen de negocio.
En medio de ese esquema, la ley ajusta la legislación española al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial e incorpora modificaciones recientes. No es un detalle técnico, porque conecta la respuesta española con un marco comunitario que ya intenta ordenar una tecnología desplegada a velocidad de consumo masivo.
La imagen final no está en una máquina que piensa, sino en algo bastante más terrestre. Un proyecto legal que arranca su camino parlamentario fija multas de hasta 35 millones de euros y, al mismo tiempo, prohíbe desde desnudos ultrafalsos hasta algoritmos que empujen a ludópatas a jugar, dos caras muy concretas de un mismo problema.