Durante once días, entre el 29 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de este año, Grok permitió crear tres millones de imágenes sexualizadas. La cifra retrata algo más que un fallo técnico. Muestra hasta qué punto una herramienta de uso masivo puede convertir una agresión en un gesto rápido, barato y casi rutinario.
Andy Torres, del Colectivo DLR, sitúa ahí el cambio decisivo. No habla de una violencia nueva, sino de una violencia que encontró una vía de entrada mucho más simple.
"Lo único que cambió es que las herramientas se convirtieron en algo más accesible a cualquier persona, como un simple bot en Telegram" - Andy Torres, del Colectivo DLR
A mediados de enero, Grok restringió la creación de contenido sexual. Aun así, los usuarios siguieron aprovechando vacíos en sus políticas para generar imágenes alteradas, una señal de que el problema no termina cuando una plataforma corrige una función concreta.
Detrás del atajo técnico apareció un negocio que ya cobra por tarjeta
Las plataformas de inteligencia artificial generativa para crear novias virtuales funcionan como un negocio multimillonario. Cobran con tarjeta de crédito y permiten ajustar apariencia, origen étnico, carácter y hasta el tipo de relación, como si la intimidad pudiera pedirse desde un menú.
Esa lógica comercial convive con un mercado vecino de bots para crear deepfakes y con una publicidad que se cuela en Instagram, Facebook, medios digitales, streamings deportivos, casas de apuestas, páginas piratas y foros de la subcultura misógina incel. El problema no vive en un rincón oculto de internet, sino en espacios de consumo cotidiano.
Ahí encaja también el aumento de deepfakes sexuales, porque la facilidad técnica y la visibilidad comercial avanzan a la vez.
La violencia digital baja a la vida diaria y cambia de forma
Desde abril de 2021, la Ley Olimpia tipifica como delito la violencia digital. El marco legal existe, pero la experiencia de las víctimas muestra una distancia persistente entre lo que la ley reconoce y lo que realmente logra contener.
Torres describe un patrón que empieza con imágenes falsas y después invade otros terrenos. El chantaje ya no busca solo humillar, también forzar encuentros sexuales bajo la amenaza de difundir el material alterado.
"Incluso hemos tenido casos donde [los agresores] utilizan estas fotos para tratar de tener un encuentro sexual, con la amenaza de que si no ceden, comenzarán a compartir las imágenes falsas" - Andy Torres, del Colectivo DLR
Luego llega lo que no siempre cabe en una captura de pantalla. Torres explica que la violencia digital nunca se queda en lo digital y que suele evolucionar hacia violencia psicológica, física o económica, una cadena que convierte un montaje en una forma de control muy concreta.
En 2025, la detención de un estudiante del Instituto Politécnico Nacional volvió visible esa continuidad. Lo acusaron de crear deepnudes de compañeras, venderlos y poseer cientos de miles de fotografías y vídeos sexuales reales y alterados.
Las denuncias no alcanzan a medir el tamaño del daño
Cuando se observan las carpetas abiertas cada año, el mapa queda incompleto. Torres sostiene que las cifras no coinciden con la cantidad de víctimas y que ese registro ni siquiera llega al 10% de los casos que ella tuvo.
Mientras tanto, el volumen de ayuda que recibe el Colectivo DLR dibuja otra escala. Han llegado a recibir hasta 800 mensajes por día y a acumular 6.000 de lunes a viernes, una presión que habla tanto del desborde como del silencio previo de muchas víctimas.
Esa distancia entre denuncia y experiencia ya aparecía en los riesgos legales de los deepfakes, donde la extorsión y el daño reputacional no caben fácilmente en una estadística limpia.
Tres millones de imágenes en once días, una ley vigente desde abril de 2021 y un flujo de hasta 800 mensajes diarios componen la misma escena. La tecnología acelera la producción del daño, pero lo que sigue frenado es la capacidad de registrarlo cuando ya salió de la pantalla.