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El bulo sonaba verosímil porque mezclaba tres cosas que suelen encender cualquier sospecha, Hacienda, inteligencia artificial y teléfonos móviles. Pero el dato que circuló en un vídeo viral no encaja con lo que reconoce el Ministerio de Hacienda sobre Pathfinder, el programa de Cellebrite que utiliza en análisis forense de información obtenida en registros autorizados.
Hacienda niega que Pathfinder sirva para analizar fotos de redes sociales y sostiene que trabaja sin conexión a internet sobre la información capturada en entradas y registros con la autorización preceptiva. El ministerio también rechaza la cifra difundida sobre 500 licencias por más de un cuarto de millón de euros.
El programa no mira Instagram y se usa en registros autorizados
La Agencia Tributaria sí contrató en 2023 una suscripción de licencias para mejorar su Plataforma de Análisis Forense, con un foco concreto en la información procedente de teléfonos móviles.
Ahí está una de las claves del malentendido. Que un software se use sobre móviles no significa que tenga barra libre para entrar en cuentas privadas, revisar redes sociales o pescar datos por internet.
Vicente Aguilera, experto en ciberseguridad, describe Pathfinder como una plataforma de análisis e inteligencia pensada para fuerzas y cuerpos de seguridad, agencias de inteligencia y analistas forenses.
"Pathfinder es una plataforma de análisis e inteligencia diseñada para fuerzas y cuerpos de seguridad, agencias de inteligencia y analistas forenses" - Vicente Aguilera, experto en ciberseguridad
En la práctica, el departamento dirigido por Arcadi España defiende que la herramienta ayuda a discriminar entre facturas, albaranes y contratos durante los registros. Ese uso la sitúa más cerca del trabajo de clasificación documental que de la caricatura de una máquina husmeando perfiles sociales.
También Marcelino Madrigal, experto en desinformación y redes sociales, encuadra su empleo en la investigación de delitos económicos. Habla de informes y relaciones construidas a partir de llamadas o mensajes, un terreno muy distinto al acceso libre a la vida digital de cualquier contribuyente.
La frontera legal cambia según el dato que quiere buscar Hacienda
No toda investigación fiscal funciona con la misma llave jurídica.
Cuando Pathfinder se utiliza para extraer datos de móviles, nubes u ordenadores, hace falta mandato judicial. En cambio, la Agencia Tributaria puede investigar información contable mediante orden administrativa, una diferencia que separa la pesquisa documental clásica del acceso a dispositivos y servicios digitales.
José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, sitúa además esta herramienta en un perímetro muy concreto. Según explica, se usa en macrooperaciones contra el fraude y solo está disponible en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.
Borja Adsuara, abogado experto en derecho digital, introduce la cautela de fondo. A su juicio, una cosa es usar inteligencia artificial durante una inspección ya abierta y otra muy distinta convertirla en una investigación prospectiva.
La IA sirve para cruzar pistas, pero no para entrar en cuentas privadas
Cellebrite presenta Pathfinder como una plataforma de análisis de datos para casos autorizados legalmente, con aprendizaje automático y supervisión humana. La empresa añade que solo vende a clientes gubernamentales, policiales y empresariales en países democráticos.
Ese perfil técnico ayuda a entender por qué el programa interesa en fraude complejo. Vicente Aguilera explica que permite correlacionar bases de datos notariales, mercantiles o financieras para detectar testaferros y redes de sociedades, una tarea donde el volumen de documentos puede desbordar a cualquier equipo humano.
Incluso contempla cruces con información pública.
Aguilera pone un ejemplo muy gráfico cuando plantea que Hacienda podría analizar anuncios en plataformas como Airbnb o Wallapop y cruzar las fotos públicas de alquileres vacacionales con el Catastro. Pero añade un límite igual de claro, la Agencia Tributaria no podría acceder a cuentas privadas de redes sociales ni pedir a las plataformas que le abran esa puerta.
La discusión real, por tanto, no gira en torno a una máquina que lo ve todo, sino a otra pregunta mucho más precisa. Hasta dónde puede llegar el cruce automatizado de datos cuando la herramienta solo está en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y el acceso a móviles, nubes u ordenadores exige mandato judicial.