La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta cotidiana en los despachos y juzgados españoles. Jorge Carrera calcula que el uso de IA le permite ahorrar un 40 por ciento de su tiempo de trabajo y aplica descuentos a los clientes que autorizan su implementación.
Este ex juez de enlace en Estados Unidos sostiene que la tecnología potencia al profesional sin sustituirlo. La ecuación es sencilla: o se reduce el personal y los costes, o se asume una mayor volumen de casos con la misma estructura.
El Ministerio invierte 175 millones en transformación digital
La administración de justicia no permanece ajena a este cambio estructural. El presupuesto de la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia alcanzó los 175 millones de euros en 2025, frente a los 108,5 millones de 2018. De esa cantidad, 23 millones proceden de fondos europeos.
Esta inyección económica ha permitido instalar Copilot en los ordenadores de 26.000 jueces y fiscales. La herramienta incluye una pestaña específica para generar resúmenes de documentos judiciales y traducir resoluciones a un lenguaje más accesible.
"Es un entorno totalmente seguro que se ha trabajado con el Centro Criptológico Nacional donde se puede buscar jurisprudencia, generar resoluciones o hacer tareas más organizativas." - Fuentes del Ministerio de Justicia
Los resultados operativos ya son visibles en algunas comunidades autónomas. En el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la automatización del registro y reparto de demandas civiles moratorias redujo el tiempo de ejecución de cuatro meses a un solo día.
Esta agilización ha disminuido la carga administrativa de forma drástica. Los funcionarios pueden ahora dedicar sus horas a tareas de mayor valor añadido, liberados de la rutina burocrática inicial.
La Fiscalía vuelca atestados policiales en escritos de acusación
La Unidad de Antidroga de la Fiscalía General del Estado prueba algoritmos capaces de extraer datos de atestados policiales para integrarlos directamente en escritos de acusación, especialmente en delitos de seguridad vial. También generan resúmenes automáticos para grandes sumarios.
"Se trata de que los datos que actualmente están recogidos en un atestado policial se puedan volcar directamente en un escrito de acusación para el fiscal. De manera que, una vez revisada y volcada la pena que considere, esté listo." - Esmeralda Rasillo, fiscal jefa de la Unidad de Apoyo Técnico de la Fiscalía General del Estado
Paralelamente, Javier Parra, secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, propone automatizar la computación del sistema de plazos. El objetivo es que el sistema alerte proactivamente sobre los plazos de instrucción próximos a vencer.
Los abogados compiten por quien maneja mejor la herramienta
En el sector privado, la formación se ha vuelto indispensable. Ignacio Alba Muñoz, letrado que imparte formaciones en IA a abogados de Córdoba, advierte sobre la nueva realidad competitiva del sector legal.
"La Inteligencia Artificial no te va a quitar el trabajo, te va a quitar el trabajo un abogado que la maneje mejor que tú." - Ignacio Alba Muñoz, letrado formador en IA
Empresas como Maite.AI, creada en 2024, ya cuentan con 2.300 clientes y más de 70.000 usuarios. Su fundador, Alejandro Castellano, asegura que actualizan diariamente la base de datos con lo publicado en el Boletín Oficial del Estado.
La precisión de estos sistemas especializados supera a los modelos generalistas. Maite.AI obtuvo 86 puntos sobre 100 en el test de acceso a la judicatura, mientras que ChatGPT logró 25 puntos menos en el mismo examen.
Mabel Klimt, diputada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, reconoce que la práctica habitual de la profesión está cambiando. El colegio publicó a finales de 2025 una guía de buenas prácticas para orientar a los letrados en este nuevo escenario.
Las sanciones por confiar ciegamente en los algoritmos
El uso irresponsable de estas tecnologías tiene consecuencias disciplinarias inmediatas. El Consejo General del Poder Judicial ha emitido una instrucción clara: jueces y fiscales no pueden ser sustituidos por máquinas y deben revisar y firmar personalmente cualquier sentencia elaborada con IA.
Un vocal del órgano de gobierno judicial resume la obligación con crudeza. Si se utiliza inteligencia artificial para redactar una sentencia, es imperativo repasarla porque el magistrado deberá asumirla y firmarla.
Los errores ya han generado multas. En febrero de este año, un abogado fue sancionado en Canarias con 420 euros por citar 48 sentencias del Tribunal Supremo que no existían. La alucinación computacional no exime de responsabilidad profesional.
Otro juez recibió una multa de 1.000 euros por incluir en una sentencia las preguntas literales que realizó a ChatGPT durante el proceso de elaboración. La transparencia no justifica la falta de criterio humano.
La eficiencia gana terreno, pero la responsabilidad final sigue siendo humana e intransferible.