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La inteligencia artificial ya ha entrado en la Administración, pero en Valencia la discusión pública no gira solo alrededor de la velocidad.
El 12 de noviembre, Fran Ortega, director general de Simplificación Administrativa de la Generalitat Valenciana, llevó ese debate a la jornada sobre discriminación y exclusión por inteligencia artificial en empresas e instituciones organizada por CECODE. Allí situó una idea que hoy recorre muchas oficinas públicas, usar estas herramientas para hacer más comprensible la relación entre el ciudadano y el papeleo sin apartar del centro los derechos de la persona.
"La inteligencia artificial ofrece una oportunidad para avanzar hacia una Administración más sencilla, ágil y comprensible, siempre que su aplicación tenga como prioridad a las personas y contribuya a facilitar su relación con los servicios públicos." - Fran Ortega, director general de Simplificación Administrativa de la Generalitat Valenciana
Desde agosto de 2024, Europa exige que el atajo no pase por encima de nadie
Desde agosto de 2024, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial está en vigor. Ese dato cambia el tono del debate porque ya no se habla solo de automatizar trámites, también de decidir qué garantías deben acompañar a cada uso dentro de una administración.
La Generalitat considera legítimo aplicar IA para orientar a los ciudadanos cuando dudan entre formularios, explicar procedimientos administrativos, reducir tiempos de espera y descargar al personal de tareas mecánicas. Ahí aparece una promesa muy concreta, menos tiempo perdido ante una ventanilla física o digital y más margen para que los empleados públicos atiendan lo que no cabe en una respuesta automática.
No es una discusión aislada, como ya muestran los asistentes públicos contra el papeleo que otras administraciones estudian para tareas repetitivas.
Ortega puso el límite donde empieza la decisión sobre una persona
Ortega defendió el uso de estas herramientas, pero fijó una frontera nítida cuando una decisión afecta de forma directa a un ciudadano.
"Debe garantizar la protección de los derechos, la transparencia, la igualdad, la accesibilidad y la supervisión humana, de manera que ninguna decisión que afecte a una persona quede al margen de la revisión y responsabilidad de los empleados públicos." - Fran Ortega, director general de Simplificación Administrativa de la Generalitat Valenciana
Esa enumeración no funciona como un adorno jurídico. Ninguna decisión que afecte a una persona debe quedar fuera de la revisión humana, que en una administración significa algo tan cotidiano como poder corregir un error, reclamar una respuesta o saber quién asume la responsabilidad final.
También participaron representantes de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat. Su presencia deja ver que el problema no pertenece solo al terreno legal o ético, porque cada sistema que filtra, orienta o prioriza a un usuario termina convertido en una decisión técnica con efectos administrativos.
Reducir esperas suena simple, pero obliga a vigilar cómo decide la máquina
Reducir tiempos de espera parece una meta indiscutible, aunque el detalle incómodo está en el camino. Un sistema puede ayudar a encontrar el formulario correcto o explicar un procedimiento con palabras más claras y, al mismo tiempo, exigir transparencia, accesibilidad e igualdad para que la simplificación no excluya precisamente a quien más necesita ayuda.
Ahí asoma la contradicción de fondo, porque liberar a los empleados públicos de tareas mecánicas resulta útil solo si ese tiempo recuperado vuelve a las personas y no a una cadena de decisiones opacas. Algo parecido ya se ha discutido en protocolos municipales con supervisión humana que intentan fijar ese equilibrio.
La escena final no está en el algoritmo, sino en la mesa del funcionario. Si una herramienta ayuda a elegir formularios o acorta esperas, gana tiempo la Administración, pero Ortega dejó otra condición sobre la mesa el 12 de noviembre, que ninguna decisión sobre una persona salga del circuito de revisión y responsabilidad de los empleados públicos.