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Desde este domingo, hablar con un chatbot en Europa exige una advertencia previa. Ver una imagen, un audio, un vídeo o un texto generado por inteligencia artificial también debería dejar rastro.
Arranca así una de las partes más visibles del Reglamento europeo de inteligencia artificial, la del artículo 50, que activa obligaciones de transparencia y al mismo tiempo pone en marcha medidas de apoyo a la innovación. La idea es sencilla en apariencia y mucho menos cómoda en la práctica, obligar a distinguir qué produce una máquina y qué no.
Los sistemas deberán avisar cuando una máquina está al otro lado
Los chatbots y asistentes conversacionales deberán informar al usuario de que está interactuando con una máquina.
Además, los proveedores de inteligencia artificial tendrán que garantizar un marcado legible por máquina para detectar contenidos generados o manipulados. Esa exigencia alcanza a herramientas capaces de crear imágenes, vídeos, audios o textos, un terreno donde la confusión ya no pertenece a un laboratorio, sino a la vida diaria de cualquiera que navega, escucha o comparte.
No afecta solo a piezas virales o montajes llamativos. También entra en juego cuando la inteligencia artificial genera texto sobre asuntos de interés público, desde política y procesos democráticos hasta justicia, salud, medio ambiente o materias económicas, financieras, científicas y culturales.
Bruselas reserva la exención a quien asume de verdad la responsabilidad
Existe una excepción, pero tiene una condición estricta. Quienes publiquen texto generado por inteligencia artificial sobre asuntos de interés público podrán omitir esa revelación solo si hay un control editorial real que asuma la responsabilidad sobre el contenido.
La frontera no se queda en una corrección superficial. Las revisiones meramente formales, como la ortográfica o la gramatical, no cuentan como control editorial a efectos de esa exención, una diferencia que obliga a separar el simple retoque del trabajo efectivo de supervisión.
Ahí aparece uno de los puntos más delicados de la norma.
La supervisión no se limita a pedir papeles
La Oficina Europea de IA asumirá competencias sobre los modelos de propósito general y podrá requerir información, acceder a los sistemas, ordenar medidas correctoras y restringir su disponibilidad. Bruselas también ha constituido un panel científico de 60 expertos independientes y ha designado un asesor científico jefe para reforzar esa vigilancia.
Junto a esa estructura, Europa ha abierto canales para comunicar posibles incumplimientos. El mecanismo de denuncias está disponible para ciudadanos, empresas y desarrolladores, de modo que la supervisión no dependa solo de inspecciones desde arriba.
Si una norma necesita ojos externos, es porque el mercado se mueve demasiado deprisa.
Las multas llegan a 15 millones o al 3% de la facturación
El incumplimiento de las obligaciones de transparencia podrá acarrear sanciones de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación anual total, aplicándose la cifra más elevada. Las autoridades podrán usar el principio de proporcionalidad con pymes y pequeñas empresas de mediana capitalización, pero el techo económico deja claro que Bruselas no trata estas marcas como un detalle administrativo.
Ese endurecimiento convive con un calendario escalonado. El 2 de diciembre de este año entrarán en vigor las prohibiciones del paquete AI Omnibus contra la generación de contenido sexual explícito sin consentimiento y el material de abuso sexual infantil.
El calendario aprieta antes en los usos más sensibles
Después llegarán otras capas de control. El 2 de diciembre de 2027 entrarán en vigor las normas para la inteligencia artificial de alto riesgo en ámbitos como la sanidad, la educación o el empleo, y el 2 de agosto de 2028 se aplicarán las disposiciones para la inteligencia artificial integrada en productos sujetos a otra legislación europea, como dispositivos médicos o vehículos.
En ese grupo de alto riesgo entran los sistemas de inteligencia artificial que actúan como componentes de seguridad de productos, o que son productos en sí mismos, cuando deban pasar una evaluación de conformidad ante un organismo tercero. La lista no suena abstracta, incluye maquinaria, juguetes, ascensores, equipos de radio, dispositivos médicos y productos de automoción y aviación.
Ya no hablamos solo de pantallas y asistentes virtuales.
La norma baja hasta objetos cotidianos y sectores críticos a la vez, con una misma pregunta de fondo sobre quién responde cuando un sistema automático informa, recomienda o interviene. Por eso el reglamento empieza este domingo por la transparencia, pero reserva sus fechas más duras para aquello que puede afectar a un diagnóstico, una contratación, un aula, un ascensor o el sistema de seguridad de un vehículo.