Europa ha decidido frenar una parte de su calendario para regular la inteligencia artificial, pero ese aplazamiento deja una pregunta incómoda sobre la mesa.
El 16 de junio de 2026, el Parlamento Europeo aprobó con 423 votos a favor, 57 en contra y 174 abstenciones el retraso definitivo en la entrada en vigor de varios aspectos del AI Act. La medida se integra en el paquete ómnibus digital, pensado para simplificar la normativa europea sobre el ámbito digital.
La marca de agua llegará más tarde de lo previsto
La obligación de identificar con una marca de agua los contenidos creados con herramientas de inteligencia artificial se aplaza hasta el 2 de diciembre de 2026.
Ahí no se retrasa un detalle menor. Esa exigencia afecta a la posibilidad de distinguir con claridad qué texto, imagen o audio sale de una máquina y cuál no, una frontera que ya forma parte de la vida cotidiana de redactores, traductores, editores y lectores.
También se mueven más lejos en el calendario las normas para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Esas reglas quedan pospuestas hasta 2027 y 2028, un margen que amplía el tiempo sin aplicación plena de una parte sensible del reglamento.
CEDRO ve una norma que nació tarde y deja un vacío
CEDRO reaccionó con dureza ante la decisión europea y describió el efecto inmediato sobre el sector cultural escrito. En su valoración, el aplazamiento deja indefensos a escritores, traductores, periodistas y editores ante el expolio que atribuye tanto a empresas privadas como públicas.
La entidad fue todavía más lejos.
"Esta norma nació caducada" - CEDRO
La expresión condensa un malestar que no gira solo en torno a los plazos. También apunta a la distancia entre la velocidad con la que avanzan los usos de la inteligencia artificial y la lentitud con la que llegan los mecanismos para exigir identificación, autorización o compensación.
Mientras Bruselas simplifica, la inseguridad jurídica sigue abierta
Ahora bien, simplificar una norma no equivale a cerrar sus grietas. El nuevo calendario mantiene una situación de inseguridad jurídica para el sector de la cultura escrita.
En la práctica, eso significa que el uso de libros, periódicos, revistas y partituras protegidas puede continuar sin autorización, sin remuneración y sin transparencia. El retraso no solo mueve fechas, también prolonga el tiempo en que esos materiales quedan expuestos.
Ya había señales de ese debate en el aplazamiento de la marca de agua, donde la trazabilidad aparecía como una pieza central para distinguir contenidos generados por IA de los producidos por autores humanos.
Más allá del lenguaje jurídico, la tensión resulta fácil de entender. Si una obra protegida puede alimentar sistemas automáticos sin permiso, sin pago y además sin que el afectado sepa cuándo ocurrió, el problema deja de ser técnico y entra de lleno en el terreno de los derechos.
Bruselas ordenó el aplazamiento con 423 votos a favor, 57 en contra y 174 abstenciones.
Esa aritmética parlamentaria convive con otra mucho menos visible y bastante más áspera, la de un sector que seguirá esperando hasta el 2 de diciembre de 2026 para una marca de agua obligatoria y hasta 2027 y 2028 para las reglas de alto riesgo, mientras sus libros, periódicos, revistas y partituras continúan en una zona sin autorización, remuneración ni transparencia.