La inteligencia artificial ha entrado de lleno en el debate político catalán por una puerta menos vistosa que los anuncios de grandes modelos y más pegada a la vida pública. Los Comuns llevarán el 16 de junio al pleno del Parlament de Catalunya una moción para crear un registro público de la IA desplegada por la administración y acotar su uso policial.
La propuesta apunta a dos frentes que rara vez avanzan al mismo ritmo. Por un lado, plantea un inventario de contratos públicos de tecnología y su auditoría. Por otro, pide una instrucción interna para impedir que la Generalitat y los Mossos d'Esquadra usen vigilancia predictiva o identificación biométrica en espacios públicos, en línea con la Ley Europea de IA.
La moción quiere que la administración enseñe qué compra y qué usa
No se trata solo de saber qué herramienta funciona, sino de quién la vende, bajo qué condiciones y con qué controles. Ahí aparece una de las claves del texto, porque la moción vincula la transparencia del contrato con la capacidad real de auditar los sistemas una vez están dentro de la administración.
Andrés Berrio, diputado de Los Comuns, reclamó este martes en sede parlamentaria garantías y cláusulas éticas de contratación para impedir que la Generalitat contrate empresas que no respeten principios democráticos y derechos humanos.
"El Parlament de Catalunya tiene que defender que la innovación tecnológica esté al servicio de la democracia, de los derechos humanos, de la igualdad, de la paz y del bien común, y no de la vigilancia, la guerra, la discriminación o la concentración del poder corporativo" - documento de la moción registrada por Los Comuns
Ese planteamiento coloca la discusión en un terreno más amplio que el de la mera eficiencia administrativa. También introduce una tensión conocida en la política tecnológica, porque la misma institución que quiere aprovechar sistemas automatizados debe decidir hasta dónde está dispuesta a vigilarlos y a limitar su alcance.
Dalmau admite que hay pocos proveedores y eso complica la soberanía
Albert Dalmau, conseller de Presidència, reconoció que existe un número reducido de proveedores y que ese dato añade complejidad a la soberanía tecnológica. Su advertencia no gira tanto sobre la compra inicial como sobre el riesgo de crear dependencias estructurales que luego resultan difíciles de deshacer.
En esa idea cabe buena parte del problema. Si una administración depende de pocas empresas para herramientas sensibles, auditar deja de ser una formalidad y pasa a ser una condición de control político, técnico y jurídico.
"El modelo del Govern es el europeo y de aquí no nos tenemos que mover" - Albert Dalmau, conseller de Presidència
Dalmau también defendió que la inteligencia artificial no llega para sustituir a nadie, sino para asumir tareas mecánicas y permitir una administración más eficiente. La frase busca rebajar temores laborales, pero convive con otra exigencia menos abstracta, la de no perder el control sobre sistemas que afectan a derechos y decisiones públicas.
El uso policial concentra la parte más delicada del debate
Donde el texto se vuelve más nítido es en el terreno policial. La moción propone prohibir la vigilancia predictiva y la identificación biométrica en espacios públicos para cualquier departamento de la Generalitat y para los Mossos d'Esquadra.
Ahí la discusión deja de ser técnica y se vuelve cotidiana. Habla de cámaras, de patrones de comportamiento y de la posibilidad de que un algoritmo intervenga en espacios que la ciudadanía cruza cada día sin saber siempre qué tecnología la observa.
Además, la referencia a la Ley Europea de IA sitúa la propuesta en un marco regulatorio ya definido, no en una declaración genérica. La intención consiste en alinear la práctica administrativa catalana con ese límite europeo antes de que el uso de estas herramientas se normalice por la vía de los hechos.
Marzo dejó un acuerdo, pero no aclaró ni la cuantía ni la gestión
Hay otra capa en esta historia que explica la contradicción de fondo. En marzo, el acuerdo presupuestario entre Los Comuns y el Govern de Salvador Illa incluyó la creación de un fondo para canalizar inversión pública hacia proyectos digitales estratégicos, entre ellos un modelo ético de inteligencia artificial.
Sin embargo, todavía se desconoce la cuantía del fondo y también cómo se gestionará. La política catalana quiere impulsar proyectos digitales propios y, al mismo tiempo, blindarse frente a dependencias privadas excesivas.
Esa doble aspiración resume el núcleo del debate mejor que cualquier consigna. La administración quiere usar IA, financiar IA y ordenar su despliegue, pero al mismo tiempo intenta evitar que la promesa de eficiencia acabe escondiendo contratos opacos, proveedores difíciles de auditar y sistemas policiales vetados por el propio marco europeo.