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OpenAI ha puesto sobre la mesa una idea que mezcla Wall Street, seguridad nacional y política industrial. Sam Altman, consejero delegado de la compañía, planteó a la Administración Trump que el Gobierno de Estados Unidos tome un 5% del capital de los grandes desarrolladores de inteligencia artificial del país.
Esa cifra, aplicada solo a OpenAI, ronda los 42.600 millones de dólares, unos 37.400 millones de euros. La valoración de la empresa tras su ronda de financiación de marzo ascendió a 852.000 millones de dólares, de modo que la propuesta no habla de un gesto simbólico, sino de una porción con peso real en el accionariado.
Altman llevó la idea a Washington al arrancar 2025
Altman trasladó este concepto directamente a la Administración Trump a principios de 2025, en las primeras conversaciones entre ambas partes. La fórmula no se limitaría a OpenAI, porque la propuesta contempla que Washington posea ese mismo 5% en otros desarrolladores clave de Estados Unidos, entre ellos Anthropic, Google y Meta.
La referencia escogida para diseñar el mecanismo no procede del mundo digital, sino del petróleo.
OpenAI propuso en abril un fondo público de riqueza para gestionar esos activos y repartir beneficios entre la población. El esquema recuerda al Fondo Permanente de Alaska, una corporación estatal nutrida con ingresos petroleros y convertida con el tiempo en una herramienta de participación pública en esa riqueza.
La Casa Blanca mira la IA como un activo estratégico
Detrás de la maniobra hay una preocupación que va más allá del negocio. La Administración Trump ha expresado inquietud por las vulnerabilidades de ciberseguridad de los modelos de inteligencia artificial y por la presión competitiva de los modelos chinos de código abierto.
Ahí encaja también el episodio reciente de Anthropic, cuyo acceso parcial a Mythos 5 quedó suspendido el mes pasado para cumplir una directiva de control de exportaciones. El martes, la empresa anunció que había recibido autorización para restablecer el acceso a sus modelos después de resolver las preocupaciones de seguridad planteadas por legisladores.
Washington ya no trata estos sistemas solo como productos comerciales. Los contempla también como infraestructuras sensibles, algo que ayuda a entender por qué la discusión sobre participaciones públicas aparece al mismo tiempo que crecen los controles de acceso y exportación.
Intel ofrece un precedente, aunque a otra escala
En agosto del año pasado, el Gobierno de Estados Unidos adquirió un 10% de Intel a cambio de 8.900 millones de dólares. Meses después, en mayo, Donald Trump afirmó que debería haber pedido una participación aún mayor.
No era una observación menor.
Trump ha descrito la posibilidad de que Estados Unidos entre en el capital de los gigantes de la inteligencia artificial como “algo maravilloso” y ha dicho que así los estadounidenses serían “socios de esta revolución”. La expresión tiene un filo político evidente, porque convierte una discusión técnica sobre propiedad y control en una promesa de participación colectiva en el negocio más codiciado del momento.
La salida a Bolsa añade presión sobre el reparto de poder
OpenAI y Anthropic avanzan en sus respectivos procesos de salida a Bolsa con valoraciones previstas por encima del billón de dólares. En ese tablero también pesan los accionistas ya sentados en la mesa, entre ellos Microsoft y SoftBank en el caso de OpenAI, porque cualquier entrada pública altera el equilibrio entre capital privado, influencia política y control tecnológico.
Además, la compañía aparece ya vinculada a la red clasificada del Pentágono, una señal de hasta qué punto la frontera entre proveedor tecnológico y socio estatal se ha vuelto más estrecha. Cuando una empresa valorada en 852.000 millones de dólares propone reservar un 5% para Washington, la pregunta ya no es solo quién gana dinero con la IA, sino quién se sienta dentro del consejo cuando esa potencia empieza a parecerse a un asunto de Estado.