Washington ya no discute solo cómo regular la inteligencia artificial. Empieza a discutir quién debe ser dueño de ella.
El detonante ha sido la desactivación por parte de Anthropic de Fable 5 y Mythos 5 para todos los usuarios, una medida que la empresa justificó en un comunicado por la necesidad de garantizar el cumplimiento de una exigencia gubernamental. Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, situó el miedo en un terreno muy concreto al afirmar que los funcionarios temían que esos sistemas pudieran acabar desplegados por usuarios de inteligencia militar en China, Rusia u otros países de preocupación.
La propiedad pública entró en la conversación cuando el acceso empezó a cerrarse
De pronto, la discusión sobre la IA dejó de parecer un asunto reservado a laboratorios y consejos de administración.
Bernie Sanders, senador por Vermont, ha presentado un proyecto de ley para crear un fondo soberano de inteligencia artificial estadounidense que daría al público una propiedad del 50% en las mayores empresas del sector mediante un impuesto pagado a través de la emisión de nuevas acciones. La idea conecta control político y reparto económico en un momento en que el Estado ya interviene sobre quién puede usar ciertos modelos.
"La base de la IA se sustenta en el conocimiento colectivo de la humanidad y en el trabajo creativo de decenas de millones de personas. El pueblo estadounidense debe tener la capacidad de ralentizarla y garantizar que la IA beneficie a la humanidad, no sólo a las personas más ricas del planeta. Eso es precisamente lo que hace esta legislación". - Bernie Sanders, senador por Vermont
No resulta casual que propuestas de este tipo aparezcan cuando la inteligencia artificial empieza a parecer menos un servicio digital corriente y más una infraestructura sensible, como ya apuntaban debates recientes sobre el bloqueo de modelos avanzados. Cuando el acceso se restringe por razones estratégicas, la pregunta sobre la propiedad deja de ser filosófica y se vuelve institucional.
Las propias empresas ya propusieron que los ciudadanos cobren una parte
Ahí aparece una paradoja llamativa.
La idea de un fondo público no nació en el Capitolio, sino también en las empresas que lideran esta carrera. OpenAI propuso en marzo un fondo de riqueza pública con una aportación de entre el 1% y el 5% del capital de la empresa para repartir rendimientos entre los ciudadanos, aunque sin capacidad de decisión ni voto.
Anthropic publicó en junio un marco económico con tres escenarios sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, entre ellos cuentas de capital para cada recién nacido financiadas con participaciones en compañías del sector. La empresa también ha planteado un fondo soberano para influir en el comportamiento del sector, una fórmula que desplaza la conversación desde el salario o el impuesto hacia la participación accionarial.
El precedente que suele aparecer en esta clase de debates está lejos de Silicon Valley. El fondo soberano de Noruega ronda los 2 billones de dólares, una escala que ayuda a entender por qué la palabra fondo suena a herramienta de Estado y no solo a mecanismo financiero.
Fernando Maldonado advirtió que la palabra dueño puede confundir
Fernando Maldonado, analista principal de Foundry España, resume el giro con una observación que retrata el cambio de clima. A su juicio, este escenario cambia bastante las cosas porque la idea no nació en la política, sino en los propios gigantes de la IA, y en cuestión de meses pasó de ser tabú a ocupar portadas.
"Cuando te dicen que el ciudadano americano medio va a ser dueño de una parte de la IA, ¿qué significa exactamente ser dueño?" - Fernando Maldonado, analista principal de Foundry España
La pregunta no es retórica. Participar en los beneficios no es lo mismo que participar en las decisiones, y Maldonado sostiene que buena parte de la fuerza política de estas propuestas depende de que ambas cosas parezcan lo mismo.
Por eso distingue entre tres modelos que a primera vista podrían confundirse, como ya ocurrió en la pugna entre Anthropic y OpenAI por su relación con el Estado. Las propuestas de las empresas reparten valor, mientras la del senador reparte valor e influencia, aunque las tres acaben resumidas bajo la misma etiqueta de ser dueño de la IA.
El dinero y el poder no avanzan siempre en la misma dirección
Maldonado plantea una diferencia que parece técnica, pero en realidad es política.
Si la propuesta entrega solo un dividendo, dice, no miente, aunque tampoco ofrece lo que la mayoría entiende por ser propietario. En el caso del plan de Sanders, las nuevas acciones y los posibles asientos asociados darían al Estado margen para bloquear decisiones que considerara perjudiciales.
Con propiedad y capacidad de veto, el Estado reuniría dos palancas a la vez. Podría decidir quién accede a ciertos sistemas y, al mismo tiempo, beneficiarse económicamente de ellos.
Esa combinación abre un conflicto de intereses que, según Maldonado, crece con cada nivel de control. Lo que empieza como participación en beneficios, advierte, también podría terminar desplazando al sector público hacia la socialización de pérdidas.
Al final, la palabra propiedad esconde una grieta mucho más concreta que semántica. Entre cobrar dividendos y sentarse a decidir quién usa Fable 5 o Mythos 5 hay una distancia enorme, y ahí es donde ahora se está jugando la política de la inteligencia artificial en Estados Unidos.