Un recurso puede impresionar por su apariencia y derrumbarse en cuanto alguien comprueba las referencias. Eso es lo que ha visto el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al abrir una pieza por mala fe procesal contra un abogado gallego que presentó un escrito con 24 citas jurídicas inventadas.
La sala no habla de un desliz aislado. Describe un texto con múltiples citas espurias, resoluciones inexistentes y otras ajenas al asunto discutido, además de una redacción con una estructura que el propio tribunal vincula al uso de inteligencia artificial generativa gratuita.
Cuando la máquina redacta y nadie comprueba lo que cita
Ahí está el núcleo del problema. El tribunal gallego reprocha al letrado una falta de diligencia notoria y le afea no haber frenado con una verificación posterior las alucinaciones constantes del sistema.
La idea resulta conocida para cualquiera que haya usado estas herramientas con prisas. Redactan con seguridad, encadenan referencias con soltura y producen una ilusión de autoridad que puede engañar a simple vista, justo lo que la sala sospecha cuando apunta que la abundancia de citas pudo buscar que el tribunal las diera por buenas.
El auto va más allá del error técnico y entra en el terreno profesional. Para el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, los hechos revelan una palmaria negligencia al confiar el trabajo al algoritmo sin verificar la existencia de lo que se citaba.
Ese patrón no aparece en el vacío. En febrero, Canarias ya sancionó económicamente a otro letrado que había usado inteligencia artificial para redactar un recurso de apelación con 48 citas jurisprudenciales inventadas, un caso que encaja con citas falsas en apelación detectadas tras revisar una a una las referencias.
La supervisión humana ya pesa más que la redacción mecánica
Lo que ocurre en los juzgados tiene un eco claro fuera de ellos. Google, Microsoft y Anthropic usan inteligencia artificial para generar parte de su código, y ese cambio ha desplazado el trabajo del ingeniero de software desde la producción directa hacia la supervisión de lo que entrega la máquina.
No es un matiz menor. Las tecnológicas han reducido la contratación de perfiles junior y acelerado la de profesionales senior capaces de detectar errores e incoherencias, del mismo modo que algunos despachos ya exigen a sus asociados noveles saber usar y revisar estas herramientas con criterio.
En otras palabras, la automatización no elimina la necesidad de experiencia. El valor se desplaza hacia quien sabe detectar el fallo, la incoherencia o la cita que parece sólida y no existe.
Los tribunales ya castigan la dejación y no solo el resultado
Abril dejó otra señal difícil de ignorar. El Consejo General del Poder Judicial abrió en abril de 2026 un expediente a un magistrado por haber eludido sus funciones jurisdiccionales al dejar en manos de una inteligencia artificial la redacción de una sentencia.
La respuesta institucional no ha quedado ahí. El propio Consejo ha aprobado una guía para el uso de la inteligencia artificial en la carrera judicial, con el propósito de fijar cómo puede emplearse esta herramienta sin convertirla en sustituta de responsabilidades que siguen siendo humanas, una discusión que ya aparecía en límites éticos en justicia.
Visto en conjunto, el mensaje es bastante nítido. La inteligencia artificial puede acelerar tareas, ordenar borradores y sugerir estructuras, pero no descarga a jueces ni abogados de la obligación elemental de comprobar si una sentencia existe, si una cita corresponde al caso y si el argumento que parece convincente resiste la lectura de un expediente real.
Al final, la escena tiene algo casi paradójico. En un oficio que vive de la precisión verbal, dos tribunales distintos han tropezado en pocos meses con escritos llenos de referencias inventadas, primero 48 en Canarias y ahora 24 en Galicia.