Una demanda por incapacidad profesional acabó abriendo otra discusión mucho más incómoda para la Justicia. No gira sobre la salud del trabajador, sino sobre la fiabilidad de un recurso judicial en el que aparecieron 24 citas falsas, varias resoluciones inexistentes y un rastro que apunta al uso descuidado de inteligencia artificial generativa.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha abierto una pieza separada por mala fe procesal para investigar al abogado que firmó ese recurso de suplicación contra una sentencia del Juzgado de lo Social número 7 de A Coruña. El letrado perdió la demanda y ahora afronta además el escrutinio del propio tribunal por haber presentado un escrito plagado de referencias que no pasaron una comprobación básica.
El recurso parecía sólido, pero 24 citas no existían
Luis Fernando de Castro Mejuto, magistrado ponente y presidente de la Sala de lo Social del TSXG, fue quien detectó las incoherencias al revisar el escrito. El problema no estaba en un matiz técnico aislado, sino en una acumulación de citas falsas que sostenían la argumentación jurídica como si fueran reales.
De Castro Mejuto describe el material revisado con una fórmula que retrata bien el contraste entre apariencia y verificación.
"Todos los textos entrecomillados y las sentencias atribuidas al Tribunal Supremo y a otros tribunales a lo largo del escrito interpuesto hilvanan un discurso coherente y ponderado, pero se hallan extramuros a lo que la Sala ha conseguido verificar. Son falsas". - Luis Fernando de Castro Mejuto, magistrado ponente y presidente de la Sala de lo Social del TSXG
Ahí está uno de los rasgos más desconcertantes de estas herramientas cuando entran en ámbitos sensibles como el derecho. Redactan con soltura, enlazan conceptos y producen párrafos verosímiles, pero esa apariencia puede venirse abajo en cuanto alguien busca la sentencia, el fundamento o la fecha exacta.
El magistrado también localizó errores de verificación en IA que encajan con un patrón ya conocido fuera de los tribunales. Cuando nadie contrasta el resultado, la máquina no distingue entre una referencia exacta y una inventada con tono convincente.
El tribunal no vio un desliz, vio negligencia
De Castro Mejuto no trata el caso como una simple torpeza de redacción. Consideró «obvio» que la actuación del letrado implica una falta de diligencia notoria en su ejercicio profesional, y añadió que la reiteración de las invenciones justifica abrir una pieza separada por mala fe procesal.
Antes de llegar a esa conclusión, el magistrado incluso planteó otra posibilidad igual de grave. El abogado pudo haber inventado directamente todas las citas falsas para defender su postura de una manera burda y mendaz, una hipótesis que el auto deja expresamente sobre la mesa.
También dejó escrita una frase de gran dureza, casi literaria, al definir el recurso como «¡qué duda cabe!, un ejercicio de libérrima creatividad jurídica». No es una ironía menor. En un escrito forense, la creatividad no sirve si las sentencias citadas no existen.
La estructura del texto delató un uso sin control
Más allá de las citas falsas, el tribunal observó una forma de redactar que le resultó familiar. De Castro Mejuto indicó que había detectado una estructura compatible, a su juicio, con el uso de inteligencia artificial generativa gratuita sin verificación posterior.
Ese matiz importa porque desplaza el foco desde la herramienta hacia la conducta profesional. El problema no sería solo usar IA, sino fiar el trabajo a un sistema que puede alucinar y no revisar después ni una sola de las referencias que sostienen la tesis del recurso.
Esa discusión ya había aparecido en otros fraudes con sentencias falsas, donde la escritura sonaba impecable hasta que alguien buscaba los textos originales. En derecho, esa distancia entre forma y realidad no es un detalle estilístico, sino el centro del problema.
La propia Justicia ya había fijado la regla básica
El Consejo General del Poder Judicial ya dictó una instrucción sobre el uso de inteligencia artificial en la Justicia. Exige a los jueces control humano real, consciente y efectivo, además de una revisión y validación personal completa y crítica.
La fórmula parece obvia, pero este caso explica por qué hizo falta escribirla. Un texto puede sonar persuasivo y aun así apoyarse en resoluciones inexistentes, de modo que la supervisión humana deja de ser una formalidad y pasa a ser la única barrera frente al error fabricado con apariencia de rigor.
En el recurso revisado por la Sala gallega, esa barrera falló 24 veces. Y cuando un tribunal tiene que distinguir entre jurisprudencia real y citas inventadas dentro del mismo escrito, la discusión ya no trata sobre tecnología, sino sobre diligencia profesional básica.