La democracia se dirime ya en los datos. Esta sentencia no es una metáfora literaria sino la advertencia con la que Yolanda Díaz inauguró el lunes 4 de mayo la jornada sobre inteligencia artificial y trabajo en el Congreso.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo situó el debate tecnológico en un terreno político ineludible. Para Díaz, los algoritmos no son neutrales porque constituyen un lugar de poder que requiere supervisión pública.
Las empresas incumplen las normas de transparencia algorítmica
A pesar de que el Estatuto de los Trabajadores obliga a informar a los representantes sindicales sobre los parámetros de la IA, la realidad dista del cumplimiento legal. José Varela, responsable de IA y Digitalización de UGT, denunció que las compañías no respetan estas obligaciones porque sale a cuenta no ser transparente.
"Las empresas no son capaces de pasar ni una auditoría" - José Varela, responsable de IA y Digitalización de UGT
La sanción por incumplir el deber de información ronda los 2.500 euros, una cifra que resulta irrisoria para grandes corporaciones. Este desequilibrio permite que se mantengan sistemas opacos que, en casos detectados por el sindicato, han llegado a discriminar por el número y la edad de los hijos de los empleados.
Los despidos masivos confirman la sustitución laboral global
El impacto no es teórico. En el primer cuatrimestre de 2026 se registraron 93.294 despidos vinculados a la inteligencia artificial en 106 compañías de todo el mundo. Oracle eliminó a más de 30.000 trabajadores, lo que supone el 20 por ciento de su personal, mientras que Amazon ejecutó 28.000 recortes.
En España, Amazon despidió a 735 personas. Microsoft redujo su plantilla estadounidense en un 7 por ciento, equivalente a 8.750 empleados, y Meta rescindió contratos a más de 8.000 trabajadores, el 10 por ciento de su fuerza laboral.
José Varela explicó que las justificantes incluyen la premisa de que la IA ya realiza el trabajo o la previsión de que lo haga a medio plazo. A menudo, estos argumentos sirven para maquillar el motivo real del despido colectivo.
España registra una adopción tecnológica aún minoritaria
Según datos del INE correspondientes al primer trimestre de 2025, el 21 por ciento de las empresas españolas con más de 10 trabajadores utilizan herramientas de IA. Esta penetración contrasta con la intensidad del debate regulatorio y la magnitud de los recortes en las multinacionales tecnológicas.
Borja Adsuara, abogado y experto en derecho digital, recordó la existencia de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, señaló que no se le conoce ninguna actividad hasta la fecha, lo que deja un vacío institucional en la vigilancia efectiva.
Adsuara advirtió que siempre va a haber un grupo de personas que no pueda reciclarse profesionalmente. Para mitigar este efecto, propuso la imposición de una tasa específica para las empresas que sustituyan trabajadores por sistemas automatizados.
La propuesta sindical busca blindar los derechos digitales
Los sindicatos exigen mayores indemnizaciones y recuperar los salarios de tramitación. También reclaman que el derecho a restablecer el contrato laboral recaiga directamente en el trabajador en caso de infracción normativa, invirtiendo la carga de la prueba actual.
Esther Paniagua, analista tecnológica y autora de Manual de Defensa Algorítmica, matizó que la IA no destruye nada por sí misma. Identificó como responsables a los directivos que toman las decisiones y a los diseñadores de plataformas creadas específicamente para reemplazar a humanos.
Yolanda Díaz propuso extender la ley rider a otros sectores y reconocer el derecho de los trabajadores a no entrenar IA con su voz o sus gestos. La ministra abogó por disponer de una inteligencia artificial europea, pública, democrática y auditable.
Porque eso también es autonomía. Esta frase cerró su intervención sobre la necesidad de triplicar la inversión en transformación digital sin caer en la dependencia externa.
Díaz lanzó tres propuestas concretas: un indicador europeo de riesgo de automatización, medidas fiscales para gravar la sustitución de plantilla y la creación de una agencia pública de auditoría algorítmica. Su objetivo es evitar que nos convirtamos en una colonia digital de Estados Unidos.