El calendario para construir las primeras gigafactorías europeas de inteligencia artificial sufre un nuevo retraso. Bruselas y los Estados miembros renegocian ahora las fechas definitivas.
La petición oficial de propuestas a los consorcios empresariales, prevista inicialmente para enero o febrero de este año, no se ha producido. Las autoridades comunitarias mantienen conversaciones intensas con los países del consejo de gobierno de EuroHPC antes de fijar una hoja de ruta concreta. La intención actual es que el proceso arranque esta primavera, aunque la incertidumbre persiste sobre el cronograma exacto.
EuroHPC modifica su mandato para permitir asociaciones público-privadas
El Reglamento 2026/150, adoptado en enero, cambia las reglas del juego al autorizar la creación y operación de estas infraestructuras mediante colaboraciones mixtas. La selección de las sedes se realizará mediante contratación conjunta entre EuroHPC y las autoridades nacionales participantes. Un requisito indispensable es que los países comprometan su parte de financiación antes del lanzamiento formal de la convocatoria.
El modelo de financiación exige un esfuerzo compartido considerable. La UE cubrirá hasta el 17% del capex de la infraestructura computacional de cada proyecto. Los Estados miembros deben igualar como mínimo esa cantidad, mientras que los consorcios privados asumirán el resto de la inversión inicial y los costes operativos posteriores.
Para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, los gobiernos pueden utilizar fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta opción requiere firmar acuerdos específicos y transferir los recursos de forma irrevocable a EuroHPC antes del 31 de agosto de 2026.
España negocia una inversión de 4.000 millones para dos sedes
En el caso español, el Gobierno impulsa una candidatura que articula proyectos alrededor de Tarragona y Madrid. El consorcio incluye a actores clave como Telefónica, ACS, MasOrange, Nvidia, Submer, Multiverse Computing y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).
Las cifras sobre la mesa son voluminosas. El proyecto negocia un presupuesto de inversiones de unos 4.000 millones de euros y prevé el despliegue de alrededor de 100.000 chips avanzados de inteligencia artificial. El Ejecutivo analiza además redirigir fondos europeos no ejecutados hacia esta iniciativa, sumando recursos públicos a través de la SETT.
Si las negociaciones actuales fructifican, las obras de estas macroinfraestructuras podrían iniciarse entre 2027 y 2028. El retraso en la convocatoria de este año condiciona directamente ese horizonte temporal.