El Gobierno ha frenado una proposición de ley de Junts que tocaba cuatro piezas delicadas a la vez, el RETA, la Seguridad Social, la fiscalidad y la contratación pública.
La vía elegida no deja margen para el debate parlamentario. El Ejecutivo ha aplicado el artículo 134.6 de la Constitución, que permite bloquear iniciativas que aumenten el gasto público o reduzcan los ingresos del Estado.
El Congreso no llegará a votar una reforma que cambiaba varias reglas
Eso significa que el texto no llegará ni siquiera al pleno del Congreso para su debate y votación.
La medida más visible afectaba al cese de actividad de los autónomos, una protección que en la práctica suele convertirse en una carrera de obstáculos. La propuesta permitía acreditarla con el cierre definitivo del negocio y la baja correspondiente, sin obligar al trabajador a demostrar además una cadena de pérdidas o circunstancias económicas concretas.
Hoy el procedimiento exige documentación contable y fiscal para probar descensos de ingresos o situaciones económicas tasadas. Y ahí aparece una paradoja incómoda, porque una prestación pensada para cubrir el final de una actividad acaba pidiendo a muchos autónomos una carga probatoria que, en algunos ejercicios, termina con más de la mitad de los expedientes denegados.
Hasta 85.000 euros quedaban fuera del IVA en la propuesta
Otro de los cambios centrales entraba de lleno en el IVA.
La proposición dibujaba un régimen de franquicia para profesionales y pequeños negocios con una facturación anual de hasta 85.000 euros. En ese tramo, quedarían exentos de repercutir y liquidar el impuesto, algo que habría alterado la operativa cotidiana de miles de actividades pequeñas, desde la emisión de facturas hasta la gestión trimestral.
También aparecía la contratación pública, un terreno donde los autónomos suelen ver pasar contratos demasiado grandes para su tamaño.
El texto reservaba al menos un 10 % del volumen anual de contratación pública para autónomos y microempresas. Para hacerlo viable, planteaba dividir contratos en lotes más reducidos y abrir procedimientos de adjudicación más accesibles, una idea que buscaba rebajar una barrera muy conocida, la de concursos diseñados de hecho para quien ya tiene estructura de empresa mediana o grande.
La cotización por ingresos reales también entraba en la reforma
No todo giraba alrededor del cese de actividad o del IVA.
La iniciativa incluía ajustes en el sistema de cotización por ingresos reales para mejorar las regularizaciones. El objetivo consistía en acortar los tiempos de ajuste y evitar que algunos autónomos acabaran cotizando por encima de los rendimientos que finalmente habían obtenido.
Hay una ironía difícil de pasar por alto.
La proposición intentaba aliviar trámites, corregir desajustes de cotización y abrir una parte de la contratación pública a negocios muy pequeños, pero ha quedado detenida precisamente por el mecanismo constitucional que protege las cuentas del Estado cuando una iniciativa amenaza con elevar el gasto o recortar ingresos.