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El contador de gas que hoy pasa desapercibido en la cocina o en el cuarto de instalaciones ya tiene fecha de relevo.
El Gobierno ha aprobado el calendario que obligará a sustituir los contadores convencionales por equipos inteligentes en los suministros domésticos y en los pequeños consumidores con un consumo anual de hasta 50.000 kWh. La medida aparece en el Boletín Oficial del Estado del martes 27 de octubre de 2026 a través de la Orden TED/1122/2026 y entra en vigor el 28 de octubre.
La sustitución no llegará de golpe y durará diez años
Nadie verá una renovación masiva de un día para otro. El plan avanza por tramos y da de plazo hasta octubre de 2036 para completar el cambio.
La primera meta exigible llegará en octubre de 2029, cuando al menos el 20 % de los contadores convencionales deberá haberse sustituido. En octubre de 2031 el mínimo subirá al 50 % y en octubre de 2033 alcanzará el 80 %.
En octubre de 2036 el proceso deberá quedar completado. Las distribuidoras solo podrán dejar pendiente hasta un 2 % de equipos si acreditan causas no imputables y obtienen la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
El cambio no tendrá coste salvo que la instalación falle
Para la mayoría de los usuarios, la pregunta decisiva no es técnica sino doméstica. Quién paga el cambio es lo que separa una modernización tranquila de un problema en casa.
La instalación del contador inteligente no tendrá coste para el usuario. El gasto solo recaerá sobre el titular del suministro si hacen falta modificaciones relevantes en la instalación interior por incumplimiento de requisitos técnicos o de seguridad.
Ahí aparece un matiz importante, porque la sustitución del equipo y el estado de la instalación no son exactamente la misma cosa. El contador entra en el calendario general, pero una anomalía previa dentro de la vivienda o del local puede trasladar parte del coste al consumidor.
Las compañías tendrán que avisar con tiempo y dar una cita cerrada
Tres meses antes del cambio, la compañía deberá comunicar la actuación e identificar el suministro mediante su código CUPS. También tendrá que indicar la fecha prevista y las características del equipo que va a instalar.
Después, la empresa instaladora deberá concretar el día y la hora con al menos 15 días de antelación. Ese margen reduce una de las fricciones habituales de este tipo de trabajos, la visita que llega sin que nadie sepa muy bien cuándo ni para qué.
Cuatro horas como máximo.
Ese es el límite fijado para completar la instalación, un detalle que sitúa la operación en una escala muy cotidiana. No se trata de una obra larga ni de una reforma del suministro, sino de una intervención acotada que, en principio, debería caber en una mañana o en una tarde.
El precio regulado ya dibuja la diferencia entre ambos equipos
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia fijó en abril de 2024 un precio transitorio de 1,10 euros mensuales para determinados contadores inteligentes domésticos. En los contadores convencionales G-4, el precio de referencia es de 0,58 euros mensuales.
La comparación deja una imagen simple y bastante elocuente, porque el equipo inteligente parte de una referencia superior a la del contador convencional. Esa diferencia económica acompaña a un despliegue que recuerda otros cambios silenciosos de infraestructura, esos que apenas se comentan hasta que llaman al timbre y toca dejar pasar al instalador.
La norma arranca el 28 de octubre de 2026, pero la escena decisiva ocurrirá mucho después, cuando cada distribuidora deba demostrar que no solo cambió aparatos, sino que alcanzó el 20 %, el 50 % y el 80 % en las fechas marcadas antes de llegar a octubre de 2036.