El Reino Unido está a punto de dar un paso sin precedentes en la regulación de internet. No se trata de una medida aislada, ni de una declaración de intenciones vacía. Es un paquete de reformas legales ambicioso, urgente y claramente enfocado proteger a los menores de un entorno digital que ha crecido sin freno ni brújula. Y esta vez, el Gobierno no parece dispuesto a dejar que las grandes tecnológicas marquen el ritmo.
Una ley que corre contra el tiempo
Las redes sociales avanzan a la velocidad de la luz. Cada semana aparece una nueva función, un algoritmo más eficaz para captar la atención, un chatbot más persuasivo. Pero las leyes, tradicionalmente, avanzan a paso de tortuga. El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, lo tiene claro eso debe cambiar. El Reino Unido quiere ser líder en seguridad online, no quedarse atrás. Y para lograrlo, su Gobierno ha decidido acelerar la aprobación de una legislación que ya estaba en marcha, pero que ahora se actualizará con nuevas urgencias.
Entre las medidas más polémicas y trascendentes está la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años. La norma, inspirada en una decisión similar tomada por Australia, no es simplemente una barrera técnica es un mensaje político claro. Los espacios digitales no son neutrales, y su diseño a menudo busca enganchar, no informar ni conectar. Starmer lo ha dicho sin rodeos quiere eliminar los elementos adictivos de las plataformas. Eso incluye el auto-reproducción de vídeos, los feeds infinitos y, sobre todo, esas trampas de atención que convierten minutos en horas frente a la pantalla.
La batalla contra los deepfakes y la IA desbocada
Pero no se trata solo de tiempo de pantalla. La tecnología ha abierto puertas inquietantes. En cuestión de días, la herramienta de inteligencia artificial Grok, propiedad de la red X controlada por Elon Musk, fue utilizada para generar imágenes falsas de mujeres y niñas desnudas. Un caso que desencadenó una respuesta inmediata el regulador británico Ofcom abrió una investigación, y el Gobierno anunció que estas prácticas serán criminalizadas.
El resultado fue rápido. X dejó de responder a solicitudes que generaban este tipo de contenido. No fue una decisión voluntaria motivada por la ética, sino una reacción ante la presión legal. El Estado intervino, y la plataforma cedió. Este episodio demuestra algo crucial cuando las instituciones actúan con firmeza, incluso las empresas más poderosas pueden verse obligadas a cambiar.
El Gobierno no se detendrá ahí. Planea regular todos los chatbots de inteligencia artificial, no solo los que generan imágenes. Porque el riesgo no está solo en lo visual, sino en la conversación, en la influencia, en cómo una IA puede manipular emociones, reforzar adicciones o incluso incitar a comportamientos peligrosos.
El caso Jools y la urgencia de los datos
Detrás de cada medida hay una historia. Y una de las más conmovedoras es la de Jools, el hijo de Ellen Roome, que murió a los 14 años después de seguir un desafío viral encontrado en internet. Su muerte no fue un accidente aislado. Fue el detonante de una campaña ciudadana que exige justicia, memoria y prevención la Campaña para una Ley Jools.
Hasta ahora, las autoridades tenían 12 meses para solicitar datos de menores fallecidos relacionados con su actividad online. Un plazo ridículamente largo. Las empresas borran información en cuestión de días. Para cuando la policía actúa, el rastro digital ya ha desaparecido. Con las nuevas reglas, el plazo se reduce a 5 días. Si se sospecha que internet tuvo algo que ver en la muerte de un menor entre 5 y 18 años, Ofcom será notificado de inmediato y las compañías deberán preservar todos los datos.
Es una medida técnica, pero con un trasfondo profundamente humano. No se trata solo de investigación policial. Se trata de respuestas para familias destrozadas. De entender qué falló. De evitar que esto vuelva a pasar.
¿Cómo se saltan los límites hoy? Con una VPN
Las restricciones de edad en las redes sociales existen, pero son fáciles de burlar. Basta con mentir en el formulario de registro. O, peor aún, usar una red privada virtual (VPN), que permite ocultar la ubicación y el perfil real del usuario. El Gobierno británico lo sabe, y por eso estudia formas de limitar el uso de estas herramientas por parte de menores, especialmente cuando se emplean para acceder a contenido inapropiado.
Además, se abrirá un periodo de consultas en marzo. Expertos, padres, educadores y parlamentarios podrán aportar sus opiniones. Pero el Ejecutivo ha dejado claro que no quiere quedar atascado en debates eternos. Quieren dotar a los ministros de poderes para introducir nuevas medidas de forma ágil, sin tener que pasar por procesos burocráticos cada vez que surja una amenaza. Es una apuesta por la agilidad legislativa en un mundo que no espera.
Un modelo para el mundo
El Reino Unido no está solo en esta lucha, pero podría convertirse en un referente. La Ley de Seguridad Online aprobada en 2023 fue un primer paso, pero no contemplaba la irrupción de la IA generativa. Ahora, con estas nuevas enmiendas, el país intenta no solo cerrar brechas, sino anticiparse al futuro.
La pregunta no es si estas medidas funcionarán del todo, sino si otros países estarán dispuestos a seguir este camino. Porque lo que está en juego no es la comodidad de las plataformas, sino la salud mental, la seguridad y el derecho a una infancia libre de manipulación digital. Si eso implica enfrentarse a gigantes tecnológicos, que así sea. Es un mensaje que suena fuerte, claro y, por fin, necesario.