Vía Elástico descubro una historia que me deja seriamente impresionado: el Gobierno canadiense corre el riesgo de caer tras el escándalo de Sam Bulte, una diputada acusada de aceptar dinero de los lobbys de la industria cultural para endurecer las leyes que rigen el copyright (PDF). El escándalo se ha fraguado en la blogosfera (sí, ésa que no sirve para nada y que no provoca acción alguna más que griterío insulso e ignorancia a raudales) y se ha convertido en asunto político de primer orden; tanto, que los liberales, que gobiernan en minoría, podrían ver en los próximos días cómo la oposición conservadora se hace con las riendas del país.

Las notica me ha impresionado y alimentado una duda (quimérica, lo sé, pero es que yo soy bastante quimérico y la realidad parece serlo aún más): ¿No resulta algo sospechoso que la mayoría de los gobiernos occidentales cierren filas en torno a la industria y en contra del ciudadano, y que lo hagan con tanta pasión, ardor, saña, convencimiento y secundando una por una todas sus exigencias? ¿No sería más prudente, como mínimo, una actitud un tanto más conciliadora entre ambas partes? ¿No es el ciudadano el que los coloca y mantiene en el poder? Si no es así, que nos digan quién y cómo. ¿O por qué no apostar directamente por un cambio de modelo frente a una estructura obsoleta que se tambalea? ¿Por qué apuntalarla? ¿Para qué? ¿Por qué niegan el progreso, incluso aquellos que se llaman progresistas?

En cualquier caso, y a la espera de que se resuelva el affaire canadiense, sólo un consejo: cuando las barbas de tu vecino veas pelar (o cortar o quemar, que versiones las hay para todos los gustos)… Y un poquito de por favor.

Actualización (12 ene-14.20 h): Enrique Dans se hace eco del asunto y también alberga alguna quimérica sospecha. Dans nos traduce las declaraciones de la diputada en su defensa:

“¿Como se supone que debo conseguir dinero? Esta gente me sostiene económicamente por mi postura con respecto al copyright, estoy siendo completamente transparente”.

Antológico.

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