Sería digno de estudio como en algunos asuntos públicos relevantes para la vida, el futuro o la economía de las personas que habitan un territorio, se suelen utilizar indicadores aparentemente muy significativos pero que, en el fondo, esconden o enmascaran la auténtica realidad o el resultado de lo que se pretendía. En este sentido, aunque sea de puntillas en aras de la brevedad, caben citar varios de los casi universalmente utilizados por los políticos: gasto en educación y número de titulados, para la Consejería de Educación, así como número de visitantes y camas disponibles para la Consejería de Turismo.

Una crítica que puede hacerse al indicador de presunta calidad educativa expresado como mayor o menor gasto público, que tal vez sea relevante a efectos de la Consejería de Hacienda, es que no dice casi nada de los resultados que cabe esperar del sistema gastador. Lo importante no es cuanto se gasta, sino si se invierte adecuadamente y en beneficio de los estudiantes. De entrada, se suele expresar como porcentaje del PIB y pocas veces en valores absolutos. Puede suceder, y sucede de hecho, que aumentado el gasto público en euros constantes y sonantes, el tanto por ciento con respecto al PIB disminuya porque éste haya subido proporcionalmente mucho más que el anterior. Cuestión de matemáticas, no de política propagandística. Para paliar lo anterior se utiliza, cuando conviene, el gasto por alumno. Pero este cociente también hay que adjetivarlo convenientemente para que pueda expresar algo relevante. Por ejemplo, es mucho más elevado que la media en comunidades con una alta ruralidad, es decir con muchas pequeñas escuelas diseminadas por el territorio y cada una de ellas con pocos alumnos, ya que encarece el gasto de profesorado y el de transporte, mantenimiento, etc., partidas estas últimas que no se dedican directamente a la formación del alumno, aunque sea necesario gastarlas. Eso no sucede en las grandes ciudades, que permiten tener centros mayores y con menores gastos generales de funcionamiento, necesarios pero con incidencia indirecta en la educación de los alumnos. Otro factor de distorsión interpretativa de este indicador es la cantidad de estudiantes en la enseñanza concertada, con mejores resultados estadísticos y con menos de la mitad del gasto que las públicas. Esto es una realidad, no una opinión ni un deseo.

La situación actual que reflejan los estudios internacionales sobre calidad educativa, es la triste y penosa herencia de un sistema educativo pésimo, plagado de buenas intenciones que ha perjudicado fundamentalmente a aquellas personas que se quería favorecer utilizando un falso igualitarismo. La deseable igualdad de oportunidades no consiste en que todo el mundo obtenga los mismos resultados, basta para ello bajar el umbral de exigencia, sino en que nadie se quede fuera del sistema por falta de medios. Los límites de cada cual y los resultados obtenidos dependerán de su capacidad, de su esfuerzo personal y de saber aprovechar las oportunidades que se le presenten. Al menos antes era así y por eso muchos de los líderes sociales, políticos y empresariales de hoy provienen de familias humildes, que carecían de grandes recursos, pero que con el esfuerzo y sacrificio de nuestros mayores ayudaron a sus hijos a salir adelante y a superarlos en sus expectativas vitales. Merecen por ello nuestro sentido agradecimiento y nuestro reconocimiento.

Es muy fácil adulterar, si se deseara, el resultado de la política educativa si se midiera sólo por el número de titulados. La sociedad debiera demandar del sistema educativo que los jóvenes obtengan una auténtica formación, con los conocimientos científicos o humanísticos adecuados para permitirles desarrollar la actividad profesional que ellos han elegido, o que les obligaron a elegir por el perverso mecanismo del ‘numerus clausus’. Una titulación alcanzada bajando el umbral de exigencia puede venderse muy bien a efectos de propaganda partidista, pero es un flaco favor que se hace al conjunto de la sociedad. ¿Será ese el motivo por el que se han eliminado todos los controles externos en el sistema educativo? ¿Cómo se puede pedir que el Estado Español homologue y reconozca los títulos expedidos por los sistemas educativos que implementan las comunidades autónomas, cada una por su cuenta, sin tener la posibilidad de controlar los niveles de formación alcanzados por los alumnos con una especie de examen general de grado, lo llamen como quieran llamarlo?

La titulación es determinante para poder presentarse a una oposición a funcionario público, mientras que la formación lo es para el desarrollo de un puesto de trabajo en el sistema productivo general. En ocasiones especiales, para poder desarrollar una actividad, es imprescindible por imperativo legal que el trabajador esté en posesión de un título específico, son pocos casos y son reminiscencia de organizaciones gremiales donde lo más importante no es lo que la persona sabe sino la papela que tiene.

Esta confusión entre titulación y formación es la que, a mi entender y por poner un ejemplo de tantos, ha introducido en los Hoteles Escuela de Canarias la viceconsejera de Turismo, Pilar Parejo, al suprimir los estudios de Dirección y Gestión Hotelera, decía que por no tener titulación oficial, aunque reconocía la formación. Si hubiera querido podría haber conseguido una y aumentado la otra, pero optó por lo más fácil: suprimir. Aún así, no está claro si los nuevos estudios que ella ha introducido tendrán o no la titulación que se prometió. La Consejería de Educación debiera aclararlo de forma inequívoca. Pero ese es otro asunto para tratarlo otro día, en interés de padres y alumnos. Hoy no toca ni hay espacio.

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