La ministra Carmen Calvo se va… bueno, vale, la echan. Zapatero ha decidido cambiarle la cartera por una maleta, agradecerle los servicios prestados y renovar la maltrecha imagen de Cultura con un nuevo rostro, el de César Antonio Molina, hasta ahora director del Instituto Cervantes, todo dentro de una remodelación del Gobierno que afecta a otros tres ministerios. No se trata, al menos en que lo a Calvo se refiere, de un cambio caprichoso, ni tan siquiera de una apuesta dirigida de manera específica a mejorar la gestión. Se trata, más bien, de un lavado de cara imprescindible para afrontar las próximas elecciones generales con ciertas de garantías de éxito entre los jóvenes, el sector tecnológico y, sobre todo, la inmensa comunidad internatura adscrita al P2P y al copyleft.

Ha sido la de Calvo una gestión para olvidar, entregada en cuerpo y alma a los lobbys de la cultura antes que a los ciudadanos, siempre de espaldas a la opinión mayoritaria y a las nuevas sensibilidades. Conflictiva y radical allí donde se imponía el diálogo, incapaz no sólo de recuperar el triste sino de la creación en España, sino de alcanzar acuerdos más allá de su núcleo de amigotes. Si a eso le sumamos un cierto aire de prepotencia, unas cuantas docenas de patadas al diccionario y su empeño por saltarse a la torera las leyes, para criminalizar a toda la población, tendremos un cóctel que no sólo hacía previsible y necesaria su destitución, sino inexplicable su designación y continuación durante tres años en el cargo.

No nos engañemos. Calvo lo ha podido hacer rematadamente mal, pero sujeta al marco que le imponía el propio Gobierno. Su relevo es un gesto de Zapatero que, salvo sorpresa mayúscula, no encierra más que una estrategia electoral, un cambio de ‘look’ político ante una imagen quemada en la batalla contra la cultura libre. Es muy probable que, de aquí a las elecciones, no veamos ninguna nueva campaña antipiratería o que incluso se produzca algún gesto ambiguo en defensa de los derechos del consumidor. Lo contrario sería casi un suicidio. Enconarse en esa batalla perdida que es la lucha contra el derecho al acceso a la cultura no sólo constituye una medida antisocial, impropia de un partido que se llama ‘de izquierdas’, sino una tremenda equivocación política.

De César Antonio Molina esperamos, si no ese cambio radical que demanda la política cultural en España, sí al menos sensibilidad, sentido común e independencia frente a los poderes fácticos de la creación: industria y sociedades de gestión. De entrada, ya arrastra un terrible hándicap: la institución que ha venido dirigiendo acaba de ser condenada por violar y despreciar una licencia copyleft, lo que le puede hacer reflexionar en dos direcciones: 1) que ‘piratas’ somos todos; y 2) que la cultura demanda un nuevo aire que la ayude a prosperar en el ámbito de las nuevas tecnologías y de las nuevas exigencias de creadores y usuarios. Sin abusos, atropellos ni coacciones.

Quizás sea sólo cuestión de imaginación, algo tan connatural a la condición artística. Algo que, por lo pronto, el ministro asegura que aportará a raudales. Estaremos atentos.

Actualización (06 jul-12.21 h): Fernando Polo mantiene en Abladías un post abierto con numerosos enlaces sobre este asunto.

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