Se acercan las elecciones, y lo que hasta ayer era malo malísimo ya hoy comienza a verse como aceptable o, cuanto menos, inevitable. O quizá era sólo cuestión de personas y sensibilidades, porque si bien es cierto que Carmen Calvo se plegó al cien por cien a los sectores más reaccionarios del derecho de autor, el fiscal general, por ejemplo, había ya dejado las cosas bastante claras en su famosa circular. A Joan Clos, ministro de Industria, Turismo y Comercio, no lo hemos cogido, hasta ahora, en ningún renuncio y de sus palabras se desprende un halo de sentido común que, más allá de posibles estrategias electorales, supone el único camino hacia el desarrollo y el progreso. Clos ha incidido, en unas recientes declaraciones en el Foro ABC, en la idea de que, más que criminalizar, hay que optar por vías de adaptación:

“Para Clos, uno de los obstáculos para la introducción de estas prácticas en España [espirar a los usuarios en las redes P2P] es que se podría “saber lo que descarga cada persona”, lo que puede vulnerar el derecho a la privacidad.

Explicó que los jóvenes se bajan todos los días contenidos que “la mayor parte deben de ser ilegales” y lo que hay que hacer no es actuar con prácticas del pasado, sino “ponernos al frente y buscar alternativas” de negocio”.

Declaraciones muy generales, pero no en exceso ambiguas: la vía no es la criminalización ni la persecución, sino la adaptación al desarrollo tecnológico y los intereses de la sociedad.

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