He dejado para cuando tuviera algo de tiempo el análisis de la noticia sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en torno a la cesión de datos en casos de descargas de música a través de Internet. Para quien no esté al tanto, les resumiré el asunto: la Asociación de Productores de Música de España (Promusicae) exigió en su momento a Telefónica los datos personales de varios usuarios de los que había tomado su IP vía Kazaa. Ante la argumentada respuesta de la operadora (la legislación española sólo permite la comunicación de datos en el marco de una investigación criminal o para la salvaguarda de la seguridad pública o la defensa nacional), la asociación recurrió a Europa, a ver si allí tenía más suerte. Y parece que sí, que la ha tenido.

¿Te sorprende esta afirmación? Precisamente por eso he postergado el post hasta analizarlo en detalle. Durante el día se han lanzado a las campanas al vuelo dando por hecho que la sentencia echaba por tierra las tesis de Promusicae, pero si leemos bien la noticia, no es así.

En primer lugar, porque allí donde la legislación española es contundente: ‘no’ a la comunicación de datos salvo en casos muy especiales, normalmente con consentimiento del afectado y casi siempre bajo tutela judicial, la sentencia se limita a lavarse las manos y dejar la puerta abierta a la comunicación de los datos personales, si con eso se logra un equilibrio entre el derecho a la protección de datos y la propiedad privada o los derechos de autor, como podemos ver en estos fragmentos:

“El derecho comunitario no obliga a los Estados miembros a divulgar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor, en el marco de un procedimiento civil”

“Los países deben, al adaptar sus normas a las directivas comunitarias, “basarse en una interpretación de éstas que garantice el justo equilibrio entre los derechos fundamentales protegidos”, que incluyen el derecho al respeto a la intimidad y el derecho a la propiedad”.

y, por último:

“La legislación sobre privacidad y comunicaciones electrónicas “no excluye la posibilidad de que los Estados miembros impongan el deber de divulgar datos personales en un procedimiento civil. Pero tampoco obliga a los Estados miembros a imponer tal deber”, según un comunicado del Tribunal”.

Vemos, pues, que la sentencia, más que un espaldarazo a la protección de la información personal y a las leyes españolas constituye un consentimiento tácito para una reforma de las mismas en el sentido de legalizar la comunicación de datos si con ello se logra una armonía entre los derechos del usuario y los de, en este caso, Promusicae (derechos de autor y propiedad privada). Yo no te obligo, pero si lo haces tampoco lo veré mal; es más, lo veré genial si con eso se protegen otros derechos ‘fundamentales’.

En absoluto estamos ante un paso adelante ni ante una victoria de ninguna índole, sino ante un auténtico retroceso y un grave riesgo para el sostenimiento de un derecho básico. Al igual que en lo que a copia privada e intercambio de archivos se refiere, la legislación española es una de las más progresistas del mundo en protección de la intimidad. La sentencia facultaría a un gobierno especialmente sensible con los intereses de grupos minoritarios, como es el caso de Promusicae, a reformar la Ley para lograr ese “equiblibrio” tan sutilmente sugerido por la UE.

Con todo, hay cosas en este proceso que me parecen asombrosas. Conceptos, actos y afirmaciones falaces que se manejan sin escrúpulos y que me gustaría puntualizar:

  1. El hecho de que Promusicae reconozca haber obtenido las IP de varios usuarios espiándolos a través de Kazaa puede ser constitutivo de delito según la legislación actual. Pero curiosamente de eso nadie dice nada.
  2. ¿Cómo es posible que se equipare el derecho de autor al derecho de propiedad privada, cuando esa supuesta propiedad privada no se toca (realizar una copia no sustrae la obra original) y, en todo caso, lo que se vulnera es el derecho de propiedad privada del usuario que, a pesar de adquirir legalmente una obra, no puede copiarla ni usarla como le venga en gana?
  3. ¿A qué medida ‘armoniosa’ o ‘equilibrada’ responde la frase “la legislación europea no excluye la posibilidad de que los Estados miembros impongan el deber de divulgar datos personales en un procedimiento civil”, vulnerando un derecho constitucional y fundamental en aras de una demanda civil? ¿No resulta desproporcionado?

En fin, que motivos para ponerse en guardia, muchos; para alegrarse, más bien poco. Y si es una victoria, sería, en todo caso, más bien pírrica.

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