justicia

Vivimos en un estado de derecho. Vivíamos, quizá. Me refiero a ese pilar básico de la democracia que consiste en la división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Esa triple distribución de garantías constitucionales que consagra la representación popular y el control independiente de esa representación a través de la Justicia, evitando abusos y desmanes, defendiendo el interés general frente al particular.

Un gobierno democrático jamás osaría obviar ninguno de esos tres poderes y las funciones que les corresponden. Un gobierno democrático, por el contrario, debería velar con pasión y convicción por su vigencia y vitalidad, síntoma del buen estado de salud de la sociedad y del Estado que representan.

Un gobierno democrático, en definitiva, jamás se atrevería a negar la acción de ninguno de esos tres estamentos fundamentales porque sería un atentado mismo contra la democracia, un golpe de Estado inadmisible que debería provocar una respuesta contundente de la ciudadanía y de todos los mecanismos y órganos habilitados para la salvaguarda de las garantías constitucionales.

El Gobierno de España ha decidido que sobran los jueces. Sobran, al menos, en lo que al P2P se refiere y, por consiguiente, a la privacidad de cualquier ciudadano que navegue por Internet. Pues es condición ‘sine quánon’ el espionaje del internauta para poder determinar, como pretende la ministra González-Sinde, quién ‘delinque’ y quién no.

¿Y por qué sobran los jueces? Porque con la Ley en la mano, no hay delito alguno en tal actividad, salvo que exista lucro de por medio. No hay delito en las descargas ni hay delito en las subidas ni hay delito en el enlace a archivos o a las páginas que los albergan si uno no se enriquece con ello.

¿Y si no es delito, por qué se ha de combatir? Porque un lobby muy poderoso, el de la industria musical, así se lo pide.

Es decir, que el poder ejecutivo pretende prescindir del poder judicial en un asunto que afecta a derechos básicos y cuya actividad no constituye delito para defender los intereses particulares de un sector en crisis.

Sobran los jueces directamente porque estorban en el objetivo de la defensa del interés particular frente al general. Sobra la Ley y sobra la Justicia. Sobra la democracia, en definitiva. Y sobra la Constitución:

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”.

Título VI. Del Poder Judicial. Artículo 117. 1., Constitución Española

Y si hoy sobran en Internet, ¿quién dice que mañana no sobren en casos de corrupción, recalificaciones, despidos, mobbing o persecuciones políticas?

Hechos como éste son los que marcan la diferencia entre el estado de derecho y el ‘estado de intereses’ al que, al parecer, poco a poco nos vamos viendo abocados. Nadie niega el derecho del creador a su retribución y su subsistencia. Lo garantiza la Ley. Pero la Ley garantiza aún más cualquiera de los derechos básicos de la ciudadanía. Y si el Gobierno se empeña en eludir el poder judicial en aras de intereses particulares, corre el riesgo de que la ciudadanía eluda cualquiera de los otros poderes en defensa del interés general. En defensa propia, que diría cualquier abogado de oficio en un rápido vistazo a la causa…

…Y suscribiría cualquier juez.

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