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En Afganistán, 500 afganis pueden abrir una puerta que hoy vale más que un aula.
Con esa cantidad, unos siete euros o 7,8 dólares, una joven compra crédito telefónico suficiente para conectarse a una escuela por internet. Ahí empieza una resistencia silenciosa que Wazhma Frogh, activista afgana y abogada de derechos humanos de 46 años, sigue de cerca desde Canadá mientras coordina una red de apoyo que trabaja con unas 2.750 mujeres en las 34 provincias del país.
Las alumnas ya encontraron caminos donde les cerraron las escuelas
Desde que los talibanes recuperaron el poder en 2021, Afganistán se convirtió en el único país del mundo donde niñas y mujeres tienen prohibido cursar educación secundaria y superior, de acuerdo con la UNESCO. La prohibición no ha borrado la demanda de aprender, solo la ha empujado a la clandestinidad.
Frogh describe un mapa de estrategias pequeñas y decisivas. Hay clases secretas, redes discretas y también un sistema de hermanas mediante el que jóvenes afganas en el extranjero enseñan inglés y competencias digitales a niñas dentro del país.
Ahora entran en juego herramientas que hace un cuarto de siglo no existían. Hace 25 años ni siquiera tenían estas herramientas para sostener el aprendizaje, recuerda Frogh al comparar el momento actual con el primer régimen talibán, que se extendió entre 1996 y 2001.
"Utilizan Instagram, usan IA, ChatGPT, para aprender matemáticas. Están utilizando absolutamente todo lo que tienen a su alcance" - Wazhma Frogh, activista afgana y abogada de derechos humanos
No hablamos de tecnología entendida como lujo, sino como sustituto precario de derechos básicos. Algo parecido ya se ha visto en chatbots educativos por mensajería, donde el móvil termina ocupando el lugar que deberían tener una escuela, una biblioteca o una profesora.
La ayuda digital también deja rastro y ese rastro puede costar una detención
La misma conexión que enseña matemáticas o inglés puede convertirse en una prueba incriminatoria. Frogh advierte que si aparece un mensaje suyo en el teléfono de una mujer, los talibanes podrían detenerla, y esa detención puede terminar en desaparición o en prisión.
Por eso cada gesto tecnológico tiene algo de cálculo doméstico y algo de operación de riesgo. Abrir Instagram, pedir ayuda, seguir una clase o escribir a una mentora no es una rutina, sino una decisión medida al milímetro.
"Los talibanes han criminalizado todo el sistema contra las mujeres" - Wazhma Frogh, activista afgana y abogada de derechos humanos
Desde fuera, la tentación consiste en imaginar un país inmóvil. Frogh rechaza esa imagen y recuerda que el colapso del Gobierno no borró a la sociedad, porque siguen existiendo comunidades y un movimiento de activismo democrático sobre el terreno dirigido por mujeres.
Las mujeres ya son las líderes, simplemente necesitan recursos, sostiene la activista. La frase cambia el ángulo porque desplaza la pregunta desde la tutela internacional hacia algo más concreto, quién logra que una estudiante tenga saldo, conexión y una persona al otro lado para enseñar.
La presión exterior avanza mientras dentro del país crece el desgaste
Frogh estuvo en Kabul por última vez en julio de 2021, pocas semanas antes de que los talibanes tomaran la capital. Hoy se encuentra en La Haya por invitación de la Red Internacional de Acción de la Sociedad Civil para hablar del lugar de las mujeres en los procesos de paz.
En 2024, Australia, Canadá, Alemania y Países Bajos iniciaron un procedimiento para exigir a Afganistán el fin de la discriminación de las mujeres. Ese movimiento podría desembocar en un caso ante la Corte Internacional de Justicia.
La presión judicial ya tiene otro frente. La Corte Penal Internacional emitió el año pasado órdenes de arresto contra líderes talibanes por el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género.
Mientras tanto, Frogh critica una escena que considera cada vez más habitual, ministros y embajadores que se reúnen con los talibanes, posan para las fotos y apenas hablan con las mujeres. Esa normalización diplomática convive con una realidad mucho menos fotogénica, la de una red que recibe noticias de al menos cuatro suicidios por semana.
Cada semana reciben noticias de al menos cuatro casos de suicidio. Son jóvenes que, en palabras de Frogh, hace cinco años tenían una vida completamente diferente y llevan cinco años esperando un cambio.
También ella paga el precio. Frogh admite que esta situación ha afectado a su salud mental y a su vida personal, una confesión que recuerda que las redes de apoyo no funcionan desde la distancia emocional sino desde una exposición continua al dolor ajeno.
Quizá la contradicción más dura esté ahí mismo, en un país donde una foto diplomática convive con clases clandestinas y donde siete euros pueden comprar datos móviles, pero no garantizan que una alumna llegue a casa sin miedo.