'Android' en la UE obligará a Google a abrir la voz a otros asistentes y a compartir datos de búsqueda desde enero

Bruselas exige a Google cambiar Android para permitir asistentes de IA de terceros y compartir con otros buscadores los datos que nutren sus servicios.

17 de julio de 2026 a las 15:59h
'Android' en la UE obligará a Google a abrir la voz a otros asistentes y a compartir datos de búsqueda desde enero
'Android' en la UE obligará a Google a abrir la voz a otros asistentes y a compartir datos de búsqueda desde enero

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Bruselas ha puesto el dedo en una de las costuras más sensibles de Android.

La Comisión Europea obliga a Google a abrir el sistema operativo a la competencia y a cambiar cómo comparte con otros buscadores los datos que hoy alimentan sus propios servicios. No es un ajuste menor, porque toca a la vez el control de la voz en el móvil y el negocio de la búsqueda.

Android tendrá que dejar entrar a otros asistentes

Los técnicos de la Comisión sostienen que los asistentes de inteligencia artificial de terceros parten con desventaja dentro de Android. Su diagnóstico añade una cifra que explica la presión regulatoria, ya que esa limitación los hace menos atractivos para el 60% de los usuarios de la Unión Europea que tienen un dispositivo con ese sistema.

La medida permitirá activar otros asistentes con la voz de una forma parecida al comando de Google y también delegar tareas como reservar un taxi. Dicho de otra manera, la discusión no gira solo en torno a qué aplicación está instalada, sino a cuál puede actuar de verdad cuando el usuario habla al teléfono.

Ahí está el cambio.

Google dispone de varios meses para aplicar estas exigencias en Android, aunque la imposición debe quedar lista en el plazo de un año. Ese calendario deja poco margen para una compañía que ya arrastra un largo pulso con Europa por las reglas de competencia, como ya ocurrió con el acceso de otras IA en Android.

El buscador tendrá que compartir los mismos datos desde enero

A partir del 1 de enero, Google deberá compartir con otros motores de búsqueda los mismos datos que utiliza en sus servicios. Bruselas exige además un método de varias capas para garantizar la anonimización, un matiz que revela hasta qué punto la pelea por la competencia ya roza el terreno de la privacidad.

Google ha respondido con dureza en un comunicado. La empresa afirma que estas medidas introducen riesgos sin precedentes para la privacidad de los usuarios, la seguridad de los dispositivos y la seguridad nacional.

"Hemos ofrecido de manera repetida soluciones para proteger a los usuarios y, al mismo tiempo, cumplir con los objetivos del Reglamento de Mercados Digitales, pero estas resoluciones descartan pruebas exhaustivas sobre los daños a los usuarios" - Google, en un comunicado de la compañía

Después, la compañía añade otro argumento que apunta al corazón técnico del sistema. Sostiene que los asistentes de inteligencia artificial ya acceden de forma segura a las funciones de Android, que los fabricantes de teléfonos desempeñan un papel fundamental en su validación y que la resolución amenaza la seguridad al conceder a aplicaciones externas permisos sensibles sin esas garantías.

Europa aprieta a una empresa que ya acumula multas milmillonarias

Alphabet figura como guardián de acceso al mercado por cumplir varios umbrales del reglamento europeo. Entre ellos aparecen al menos 45 millones de usuarios, una facturación mínima de 7.500 millones de euros en cada uno de los tres últimos años o un valor bursátil superior a 75.000 millones de euros.

Hace apenas un par de semanas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la sanción de más de 4.100 millones de euros impuesta a Alphabet en 2018. La secuencia dibuja una relación cada vez más áspera entre Bruselas y la matriz de Google.

En 2024, la justicia ratificó otra sanción de 2.424 millones de euros a Alphabet. A esa cifra se suma una multa de 1.450 millones pendiente de fallo definitivo y una cuarta de 2.950 millones, un historial que también conecta con la concentración del poder en IA y que roza en total los 11.000 millones de euros.

Al final, la paradoja europea cabe en una escena muy cotidiana. El mismo teléfono que promete obedecer con una frase de voz se ha convertido en el lugar donde Bruselas discute quién puede escuchar, quién puede actuar y quién paga cuando una puerta digital parece abierta, pero no deja pasar a todos.

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