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Bruselas ya ha empezado a hacer la pregunta incómoda. Quiere saber cómo protegen sus modelos de inteligencia artificial avanzada las empresas que los ponen en el mercado europeo.
Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, confirmó que la institución ha pedido información sobre prácticas de seguridad. No es un gesto menor, porque la Comisión tiene competencia exclusiva para vigilar a los proveedores de modelos de propósito general y ha delegado esa tarea en la Oficina Europea de Inteligencia Artificial.
El reglamento ya entró en la fase en la que puede pedir papeles y castigar
Desde el 2 de agosto de 2025, las obligaciones del capítulo quinto del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea 2024/1689 se aplican a los modelos introducidos en el mercado a partir de esa fecha. Y desde el 2 de agosto de 2026 comienzan las facultades de ejecución y sanción del régimen europeo para estos modelos.
Ahí cambia el tono de la norma. Hasta ahora podía parecer un armazón jurídico todavía en montaje, pero el artículo 91 permite exigir documentación e información adicional para comprobar el cumplimiento, y el artículo 92 abre otra puerta mucho más sensible al permitir solicitar acceso al modelo mediante interfaces de programación o incluso al código fuente.
Las multas pueden llegar a 15 millones de euros o al 3% de la facturación mundial anual.
La categoría que más preocupa se mide en una cifra casi invisible
Un modelo entra en la categoría de riesgo sistémico cuando el cómputo acumulado de su entrenamiento supera 10²⁵ operaciones de coma flotante. Es una frontera técnica, pero detrás de esa cifra hay una idea muy política, porque cuanto mayor es la capacidad del modelo, mayor puede ser también el alcance de un fallo.
Si un proveedor cruza ese umbral, debe notificarlo a la Comisión en un plazo máximo de dos semanas. El reglamento reserva para esos casos la supervisión más dura, incluida la posibilidad de restringir la comercialización, retirar o recuperar el modelo cuando exista un riesgo sistémico.
OpenAI y Anthropic ya comunicaron incidentes detectados durante pruebas de ciberseguridad.
Esa admisión importa porque sitúa la discusión fuera del terreno abstracto. La seguridad de estos sistemas ya no depende solo de promesas técnicas, sino de cómo responden sus creadores cuando las pruebas encuentran grietas antes del despliegue comercial.
El código voluntario dibuja otra línea entre quienes firman y quienes se apartan
El Código de Buenas Prácticas para modelos de inteligencia artificial de propósito general se publicó el 10 de julio de 2025. El texto se organiza en tres capítulos, Transparencia, Derechos de autor y Seguridad y Protección.
Anthropic, Google, Mistral AI y OpenAI figuran como firmantes públicos, mientras Meta no aparece en la lista. xAI adoptó solo el capítulo de Seguridad y Protección, una adhesión parcial que retrata hasta qué punto ni siquiera entre las grandes compañías hay una misma disposición a aceptar todas las reglas del juego.
Mientras tanto, los modelos lanzados antes del 2 de agosto de 2025 tienen de plazo hasta el 2 de agosto de 2027 para adaptarse. Esa prórroga ya había aparecido en el calendario europeo de cumplimiento, donde el reglamento muestra una de sus tensiones centrales, exigir desde ya a unos proveedores y conceder más tiempo a otros según la fecha en que colocaron sus modelos en el mercado.
La Comisión pide transparencia, pero la ley también blinda secretos
No todo consiste en abrir la caja negra sin límites.
El artículo 78 obliga a respetar la confidencialidad de la información, los derechos de propiedad intelectual y los secretos comerciales, incluido el código fuente. Ahí aparece una contradicción nada menor, porque la Comisión puede reclamar acceso profundo para evaluar riesgos y, al mismo tiempo, debe preservar los activos más sensibles de las compañías a las que supervisa.
Esa tensión ayuda a entender por qué la regulación europea avanza por capas y fechas distintas, una arquitectura que también se aprecia en las obligaciones de etiquetado de IA generativa. Al final, la pregunta de Bruselas no es solo qué pueden hacer estos modelos, sino qué información está dispuesta a entregar una empresa cuando el regulador llama a la puerta y dispone ya de multas de hasta 15 millones de euros o del 3% de su facturación mundial anual.