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Europa entra desde este domingo 2 de agosto en la fase más visible de su Ley de Inteligencia Artificial. A partir de ahora, las empresas deberán advertir con claridad cuándo un contenido ha sido generado con IA y cuándo un usuario está hablando con un asistente conversacional.
La norma se aprobó a mediados de 2024 y reparte las obligaciones según el riesgo de cada uso. Primero llegaron las prohibiciones de prácticas inaceptables en febrero de 2025, como la manipulación, la puntuación social o el perfilado biométrico de los ciudadanos, y después entraron en vigor en agosto de 2025 las exigencias para modelos de propósito general como ChatGPT, Claude o Gemini.
El 2 de agosto activa el etiquetado de los contenidos sintéticos
El artículo 50 obliga desde el 2 de agosto a marcar los contenidos de inteligencia artificial generativa para que pueda identificarse su origen sintético. También exigirá avisos claros, visibles y comprensibles cuando haya detección de emociones, categorizaciones biométricas o falsificaciones digitales en ámbitos como recursos humanos, marketing o propaganda política.
Las advertencias no podrán esconderse en las condiciones legales.
Ahí aparece la primera tensión de la norma. Europa intenta dar al ciudadano una pista inmediata para orientarse en un entorno lleno de imágenes, voces y textos cada vez más difíciles de distinguir, pero esa misma pista no resuelve por sí sola el problema de la confianza, como ya contó el etiquetado de deepfakes y textos.
Pau Garcia-Milà, fundador y codirector ejecutivo de la escuela de negocios en línea Founderz, aborda precisamente ese límite práctico.
"El problema es que una etiqueta puede eliminarse, pasar inadvertida o incluso utilizarse para desacreditar contenidos auténticos" - Pau Garcia-Milà, fundador y codirector ejecutivo de Founderz
Su objeción no cuestiona la utilidad del aviso, sino la idea de que el aviso baste. Por eso añade que comprobar las fuentes y valorar el contexto seguirá siendo imprescindible, una tarea mucho menos automática que pulsar un botón o leer un rótulo.
La reforma de junio retrasó parte del calendario
No todas las piezas del reglamento avanzan al mismo ritmo. En junio, la Unión Europea aprobó la reforma Ómnibus Digital y aplazó a finales de 2026, 2027 y 2028 varias prohibiciones y obligaciones, entre ellas las relativas a falsificaciones digitales sexuales no consentidas y a aplicaciones de alto riesgo.
Ese ajuste del calendario deja una imagen curiosa. Mientras el etiquetado de contenidos sintéticos se convierte ya en obligación, otras áreas especialmente sensibles ganan tiempo, como explicó el retraso de la IA de alto riesgo.
Google y Meta ya han firmado un código voluntario de buenas prácticas para adaptarse a las exigencias de transparencia. Pau Garcia-Milà cree que el marco regulatorio puede generar confianza y favorecer una adopción más sólida y segura, aunque no espera que frene la innovación de forma general y sí que obligue a más trabajo y más recursos al principio.
Bruselas podrá pedir datos, auditar y retirar modelos
La Comisión Europea tendrá capacidad para investigar, auditar y exigir información a cualquier empresa que comercialice inteligencia artificial en la Unión Europea. Si detecta un peligro, podrá bloquear y retirar del mercado los modelos afectados, y las sanciones por incumplimiento alcanzan los 15 millones de euros o el 3 % de la facturación global.
Pau Garcia-Milà vuelve a poner el foco en la parte menos vistosa y quizá más difícil de ejecutar. Auditarlos no será sencillo, afirma, porque son modelos complejos, cambian con rapidez y ofrecen poca transparencia.
La eficacia real dependerá de los recursos y del conocimiento técnico.
La ley también prevé herramientas para que los ciudadanos presenten reclamaciones y garantiza la protección de los denunciantes internos. Al final, la diferencia entre una norma que ordena el mercado y otra que solo añade avisos puede medirse ahí mismo, en si Bruselas logra revisar sistemas opacos que cambian deprisa y castigar con hasta 15 millones de euros o el 3 % global cuando encuentre un riesgo real.