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La inteligencia artificial ya no ronda los despachos como una promesa lejana. En España, el 88% de los pequeños bufetes la usa de forma constante.
Ese dato coloca a los despachos pequeños en una conversación que hace poco parecía reservada a grandes firmas con departamentos técnicos propios. Wolters Kluwer publicó en marzo un informe global que sitúa en el 92% la proporción de abogados que utiliza herramientas de inteligencia artificial.
También cambia la cuenta de resultados
No todos los efectos se miden en horas ahorradas. En España, el 31% de los pequeños bufetes afirma haber aumentado significativamente sus ingresos gracias a la inteligencia artificial, una proporción que sube al 48% en los medianos y al 57% en los grandes.
Ahí aparece una diferencia interesante entre tamaños de despacho. El 20% de los pequeños, el 34% de los medianos y el 50% de los grandes considera que una mayor calidad o una mayor rapidez justifican cobrar más al cliente.
Detrás de ese cambio no solo hay eficiencia, sino una nueva negociación sobre el valor del trabajo jurídico. La idea de pagar por tiempo invertido empieza a rozarse con otra más incómoda, la de pagar por un resultado que llega antes.
Los clientes aceptan ayuda, pero no ceden el mando
Entre los usuarios, la tolerancia hacia estas herramientas tiene un límite bastante nítido.
El 63% acepta que el abogado utilice inteligencia artificial para redactar documentos y el 60% para resumir información. Solo el 29% ve aceptable que la herramienta decida sobre su caso.
Esa frontera cuenta mucho sobre la relación de confianza. El cliente admite que una máquina ordene papeles, acelere borradores o reduzca tareas repetitivas, pero no quiere que ocupe la silla donde se decide un conflicto personal, laboral o familiar.
Algo parecido ya asomaba en las alertas sobre citas falsas y confidencialidad, donde el problema no era escribir más deprisa, sino qué ocurre cuando el texto parece fiable y no lo es.
Muchos usuarios llegan con la consulta medio hecha
Antes de hablar con un abogado, una parte de los clientes ya ha probado suerte con un sistema automático.
El 58% de quienes consultan a la inteligencia artificial antes de contactar con un letrado dice que la herramienta resolvió directamente su duda. Otro 28% la utiliza para preparar preguntas antes de sentarse ante el profesional.
La escena empieza a parecerse a la de un paciente que entra en consulta después de mirar síntomas en internet, aunque aquí la diferencia resulta delicada. Una duda sobre vivienda, deudas, derechos laborales o asuntos de familia puede parecer simple en la pantalla y volverse mucho más compleja cuando entra en juego un caso real.
De hecho, el Legal Services Board del Reino Unido ya ha constatado ese uso en problemas de vivienda, derechos laborales, deudas y asuntos de familia. Su encuesta a 1.000 adultos muestra además que el 70% espera servicios jurídicos más sencillos y el 64% más asequibles.
La transparencia ya forma parte de la conversación
Mientras la adopción crece, también crece la pregunta incómoda.
El 42% de los abogados en España indica que sus clientes les han preguntado por el uso de la inteligencia artificial y por la transparencia. No es una curiosidad técnica, sino una forma de pedir explicaciones sobre quién redacta, quién resume y quién responde si algo falla.
Ese clima encaja con el debate sobre el privilegio abogado cliente, porque la comodidad de escribir una consulta en una ventana de chat no siempre viene acompañada de las garantías que el usuario imagina.
El regulador británico ha advertido justamente de eso. Quien usa inteligencia artificial para asuntos legales puede no contar con las protecciones que espera ni con una vía clara de reclamación, y el 81% de los encuestados en Reino Unido cree que la herramienta nunca debería actuar automáticamente en nombre de una persona vulnerable en una situación de alto riesgo.