España ya ha puesto una cifra sobre la mesa. El Consejo de Ministros autorizó este martes una inversión de 719 millones de euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para impulsar una gigafactoría de inteligencia artificial.
La decisión coloca al país en la carrera europea por una infraestructura que todavía ni siquiera ha abierto formalmente su competición. La Unión Europea prevé cinco gigafactorías de inteligencia artificial y la convocatoria de candidaturas llegará más adelante dentro de la iniciativa InvestAI de la Comisión Europea, que reserva un fondo específico para financiarlas.
El proyecto nacerá repartido entre Tarragona y Madrid
No será una instalación concentrada en un solo punto. El proyecto tendrá carácter multisede y se ubicará entre Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, una fórmula que ya había aparecido en el debate sobre la red eléctrica y en movimientos previos ligados a esta candidatura.
Hay un detalle que ayuda a medir el alcance político de la operación. El Ejecutivo prevé constituir un consorcio público-privado y mantener una participación del 47,99% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, conocida como SETT.
La participación pública rozará la mitad del consorcio que gestionará la candidatura española.
Bruselas quiere cinco plantas y España ya mueve ficha
Mientras la convocatoria europea sigue pendiente, Madrid ha optado por adelantar trabajo y fijar estructura, dinero y emplazamientos. No es un gesto menor, porque estas infraestructuras concentran capacidad de computación, energía, suelo industrial y una idea muy concreta de autonomía tecnológica dentro de Europa.
Óscar López, ministro para la Transformación Digital, ha resumido esa intención con una fórmula que conecta industria, tecnología y estrategia institucional.
"Una apuesta del Gobierno por la soberanía tecnológica, la reindustrialización y el liderazgo en IA, de manera fiable y sostenible" - Óscar López, ministro para la Transformación Digital
La expresión soberanía tecnológica no aparece aquí como un adorno retórico. Cuando Europa financia gigafactorías de inteligencia artificial, no habla solo de servidores o procesadores, sino también de quién controla la capacidad de entrenamiento y despliegue de los sistemas que luego acaban influyendo en empresas, administraciones y servicios.
InvestAI convierte la computación en política industrial
Aquí la escala importa.
La inversión de 719 millones de euros autorizada por el Gobierno forma parte de una maniobra más amplia de la Comisión Europea, que ha encajado estas futuras plantas dentro de InvestAI. En otras palabras, la infraestructura digital empieza a tratarse con la lógica con la que antes se hablaba de puertos, refinerías o fábricas de automóviles.
Ese cambio de enfoque también explica por qué la iniciativa no se limita a un edificio ni a una sola ciudad. La combinación entre Móra la Nova y San Fernando de Henares sugiere una arquitectura distribuida, con peso territorial y con un reparto de funciones que intenta acercar la computación avanzada a dos polos distintos, como ya se intuía en los planes europeos para estas plantas.
De momento, la paradoja es nítida. España ya ha comprometido 719 millones de euros para una gigafactoría cuya convocatoria europea todavía no tiene fecha anunciada.