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Europa quiere discutir la edad digital de la misma manera que ya discute la seguridad alimentaria o la protección de datos.
España y Francia abrirán conversaciones con Irlanda para impulsar una regulación común sobre la mayoría de edad digital y la protección de menores en internet. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, viajará a Dublín en las próximas semanas para coordinar ese debate con la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.
La propuesta busca blindarse donde Francia ya tropezó
Hay un detalle jurídico que explica el movimiento. La propuesta europea toma como base las experiencias legislativas de España y Francia, pero el texto español define su ámbito de aplicación por características técnicas para evitar la anulación que sufrió la ley francesa en julio.
Meta acaba de pactar en Estados Unidos el pago de 16.680 millones de dólares para cerrar las demandas de 29 estados por el diseño adictivo de sus plataformas. El Ejecutivo español considera positivo ese acuerdo, aunque sostiene que la autorregulación voluntaria de las grandes empresas no basta cuando el problema afecta a menores y atraviesa fronteras.
Los centros de datos crecen, pero quedarán atados a la energía
Mientras esa conversación avanza en Bruselas, España libra otra discusión digital mucho más física.
Óscar López descartó en Santander una moratoria para la instalación de centros de datos. El crecimiento del sector quedará condicionado por un real decreto, ahora en trámite de audiencia pública hasta el 4 de septiembre, que obligará a los nuevos complejos a vincular plantas renovables capaces de generar al menos el 80% de su consumo en tiempo real.
El borrador añade otra exigencia con lectura estratégica. El operador de la infraestructura deberá estar establecido en la Unión Europea, una condición que conecta soberanía tecnológica, energía y control de activos en una misma pieza regulatoria.
Esa discusión energética ya aparece en el coste eléctrico de la IA, donde el crecimiento de esta infraestructura deja de ser una abstracción y empieza a medirse en megavatios, suelo industrial y acceso inmediato a red.
España quiere una gigafactoría y pone cifras sobre la mesa
A partir de septiembre, el Ejecutivo formalizará la candidatura para albergar una de las tres primeras gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea. El proyecto tomará forma mediante un consorcio público privado liderado por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, con una movilización prevista de 5.000 millones de euros.
El bloque privado asumirá el 51% del capital con Banco Santander, Telefónica y ACS al 15,67% cada una, mientras Multiverse Computing aportará el 4% restante de esa parte. El sector público conservará el 49% a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, con un 47,99%, y la Generalitat de Cataluña, con un 1%.
La candidatura proyecta una doble sede en San Fernando de Henares y Móra la Nova. Quien quiera seguir esa carrera territorial puede encontrar un antecedente en la apuesta de Móra la Nova, donde ya aparecían las mismas preguntas sobre suelo, potencia eléctrica y escala industrial.
Bruselas prevé aportar hasta 10.000 millones de euros públicos y atraer 20.000 millones privados para construir siete centros continentales antes de 2027. Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, valoró esa aspiración tecnológica, aunque recordó que la decisión final depende del fallo de la Comisión Europea.
La financiación ya corre más deprisa que los discursos
No todo está en fase de candidatura.
Red.es resolvió de forma definitiva las convocatorias Red IA y Red IA Salud, con 180 millones de euros procedentes de fondos FEDER para 372 proyectos. De esa cifra, 130 millones irán a 300 proyectos de robótica avanzada, visión artificial, ciberseguridad y gemelos digitales, mientras 50 millones financiarán 72 iniciativas centradas en diagnóstico precoz, investigación biomédica y gestión asistencial.
La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial acumula más de 1.500 millones de euros en fondos públicos desde 2020. En Santander, el Ministerio de Transformación Digital presentó además el Atlas de la IA en España, otra forma de ordenar un mapa que ya no cabe en el tópico del laboratorio y empieza a tocar hospitales, fábricas y servicios.
Francisco Hortigüela, presidente de Ametic, pidió reforzar la inversión pública y privada para reducir la brecha tecnológica. En esa misma cita presentó la Agenda Digital 2026-2032 con tres metas muy concretas, un 75% de empresas adoptando nube e inteligencia artificial, un 90% de pymes con madurez digital básica y la duplicación del número de empresas emergentes de alto potencial.
Ignacio Juliá, consejero delegado de Banco Santander España, urgió a canalizar el ahorro europeo hacia las empresas tecnológicas y hacia proyectos con financiación a largo plazo. Paco Salcedo, presidente de Microsoft España, sostuvo que el sector ya ha dejado atrás la fase piloto para entrar en un despliegue masivo a escala.
Entre la protección de menores, el control energético de los centros de datos y la pugna por una gigafactoría, la política digital española ya se parece menos a una colección de anuncios que a una suma de porcentajes, sedes y condiciones. El dato más nítido quizá sea ese 80% de energía renovable en tiempo real que exigirá el borrador, porque ahí la ambición tecnológica deja de ser discurso y pasa a depender de electricidad disponible.