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Europa estudia una maniobra delicada con los datos personales y la inteligencia artificial.
El cambio aparece en un documento de compromiso del paquete Digital Omnibus, preparado por la Presidencia irlandesa del Consejo y discutido por los Estados miembros en septiembre. No es una ley aprobada, pero sí un texto que deja ver hasta dónde llega la presión por acelerar el desarrollo de sistemas de IA dentro de la Unión Europea.
El borrador quiere que la IA entre por el interés legítimo
La modificación propone que el desarrollo y funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial pueda acogerse de forma expresa al interés legítimo del artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos. Dicho de otro modo, abriría la puerta a usar datos personales sin consentimiento previo en un terreno que hasta ahora vive bajo un escrutinio mucho más estrecho.
Max Schrems, fundador de noyb, ha resumido ese escenario con una expresión difícil de ignorar.
"Expropiación digital" - Max Schrems, fundador de noyb
No todos los reparos llegan desde fuera de las instituciones. El Comité Europeo de Protección de Datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos cuestionan que haga falta introducir este cambio, porque el interés legítimo ya puede usarse en determinados casos para desarrollar modelos de inteligencia artificial.
Los propios guardianes del reglamento discuten si hace falta tocarlo
Anu Talus, presidenta del Comité Europeo de Protección de Datos, admite que simplificar las reglas puede ayudar a la competitividad europea. A la vez, avisa de que esa simplificación no debe hacerse a costa de los derechos fundamentales, una advertencia que encaja con límites al entrenamiento con datos públicos fijados recientemente en el debate europeo.
Anabel Arias, experta en derechos digitales de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, lleva la discusión al terreno cotidiano. Para ella, la protección de los datos personales no puede convertirse en el precio que paguemos por el desarrollo de la inteligencia artificial.
Ahí aparece la contradicción de fondo.
Europa quiere facilitar el avance de la inteligencia artificial justo cuando sus propios ciudadanos muestran una relación cada vez más intensa y también más cautelosa con el mundo digital. Según Eurostat para 2025, casi nueve de cada diez personas de entre 16 y 74 años en la Unión Europea usaron el móvil para conectarse a internet.
La vida digital ya ocupa tanto espacio que tocar el RGPD afecta a casi todos
El 88 % de los internautas recurrió a servicios de mensajería instantánea, el 72 % a redes sociales y el 74 % a la banca online. Son tres escenas muy distintas, hablar, exponerse y gestionar dinero, pero todas dependen del mismo sustrato, que es la circulación masiva de datos personales.
Además, Eurostat indica que el 76,9 % de los usuarios de internet tomó medidas para controlar el acceso a sus datos personales. Más de la mitad restringió el uso de su ubicación o de su información con fines publicitarios, un gesto que revela hasta qué punto la preocupación por la privacidad ya forma parte de los hábitos diarios y conecta con la protección de datos biométricos frente a usos de IA.
Por eso el debate no gira solo sobre cómo entrenar modelos, sino sobre qué ceden los ciudadanos a cambio. La discusión técnica sobre el interés legítimo toca mensajes privados, historiales de navegación, ubicación y operaciones bancarias en una Unión donde la conexión móvil ya roza la universalidad.
El detalle decisivo sigue siendo jurídico y político a la vez. El texto que contiene la propuesta es un documento negociado entre Estados miembros, no una norma en vigor, pero basta para mostrar una tensión muy concreta entre competitividad europea y derechos fundamentales.