Europa fija multas de hasta 35 millones por la IA mientras Sánchez rechaza la autorregulación de las tecnológicas

La UE ya regula la IA con niveles de riesgo, supervisión humana y sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7% del negocio mundial, mientras España prepara su propia ley.

28 de septiembre de 2026 a las 07:27h
Europa fija multas de hasta 35 millones por la IA mientras Sánchez rechaza la autorregulación de las tecnológicas
Europa fija multas de hasta 35 millones por la IA mientras Sánchez rechaza la autorregulación de las tecnológicas

Añadir Mangas Verdes como fuente preferida de Google de forma gratuita.

Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.

Activar ahora

La disputa sobre la inteligencia artificial ya no gira solo en torno a qué puede hacer una máquina. También enfrenta dos modelos políticos muy distintos sobre quién debe poner límites, quién vigila y qué ocurre cuando esa vigilancia falla.

Europa ya fijó sanciones y España quiere replicar ese marco

La Unión Europea ya tiene en vigor un reglamento que clasifica los sistemas de inteligencia artificial en cuatro niveles de riesgo y obliga a la supervisión humana en los modelos más peligrosos.

Además, prevé sanciones de hasta 35 millones de euros o del 7% del volumen de negocio mundial para los sistemas de riesgo inaceptable. Esa cifra retrata bien el tono del debate, porque aquí no se discute solo sobre innovación, sino sobre poder y responsabilidad.

En España, el Gobierno ha aprobado un proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial que replica la norma europea y asegura supervisión humana para los sistemas de alto riesgo. Esa idea de control humano ya había aparecido en algoritmos en el trabajo, donde la automatización toca decisiones que afectan de forma directa a las personas.

Estados Unidos se aleja mientras otros países levantan reglas

Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos ha dejado la regulación en manos de los estados y Donald Trump rechaza cualquier intento de regular o de ralentizar esta tecnología.

Mientras tanto, Corea del Sur, China, Japón y Singapur ya cuentan con leyes o marcos regulatorios para asegurar gobernanza, transparencia y supervisión humana. No es un detalle menor, porque la imagen de una carrera sin árbitro encaja cada vez peor con lo que ya hacen buena parte de los gobiernos.

El 49% de los estados analizados por la UNESCO ya tenía algún tipo de regulación relacionada con la inteligencia artificial.

La presión política llegó a la Asamblea General de la ONU

Desde Nueva York, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Anthony Albanese y Ursula von der Leyen aprovecharon la Asamblea General de la ONU para reclamar límites urgentes e internacionales al impacto de la inteligencia artificial.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, resumió esa inquietud con una frase de las que no necesitan adorno. Habló de gobernar la inteligencia artificial “antes de que esta lo haga por su cuenta”.

"antes de que esta lo haga por su cuenta" - Antonio Guterres, secretario general de la ONU

La frase condensa un temor muy concreto, porque la discusión ya no trata solo de errores técnicos o sesgos aislados. También habla de quién conserva la última palabra cuando un sistema empieza a influir en decisiones públicas, económicas o sociales.

Sánchez carga contra la autorregulación que defienden las grandes tecnológicas

Pedro Sánchez sostiene que la “autoregulación” que pretenden los “tecnooligarcas” ya ha demostrado que no funciona.

No resulta una discrepancia menor entre socios o competidores. En el fondo, lo que aparece es una pelea entre la confianza en que la industria se corrija a sí misma y la idea de que hacen falta reglas externas cuando el impacto alcanza al empleo, los derechos o la información.

Incluso responsables de gigantes tecnológicos reclaman estándares internacionales y piden que Estados Unidos lidere ese proceso junto a institutos de Australia, Canadá, Alemania, Francia, Kenia, Japón, Corea, Singapur, la India y el Reino Unido. Esa demanda de reglas comunes recuerda a la alerta de la ONU sobre la distancia entre la velocidad técnica y la capacidad real de control.

Ahí está la contradicción más llamativa. Los gobiernos que piden límites urgentes y las empresas que reclaman estándares internacionales no discuten sobre si debe haber vigilancia, sino sobre quién la diseña y bajo qué autoridad, mientras Europa ya ha puesto sobre la mesa multas de hasta 35 millones de euros o el 7% del negocio mundial.

Sobre el autor
Redacción
Ver biografía