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Europa estrena este 2 de agosto una frontera legal que hasta ahora era más teórica que real.
Desde hoy pasan a ser exigibles buena parte de las obligaciones del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, aprobado en 2024 y desplegado por fases hasta 2028. La novedad más inmediata afecta a algo tan cotidiano como hablar con una máquina, porque los usuarios deberán saber cuándo interactúan con un sistema de inteligencia artificial.
La norma entra en la vida diaria antes de llegar a los casos más delicados
Eso no significa que todo el reglamento aterrice de golpe. El etiquetado obligatorio de contenidos generados con inteligencia artificial para determinados modelos generativos no llegará hasta el 2 de diciembre, mientras que las obligaciones para los sistemas de alto riesgo se han desplazado hasta diciembre de 2027 dentro del paquete europeo de simplificación del marco digital.
Guillermo Hidalgo, abogado especializado en tecnología y derechos digitales de Maio Legal, sitúa ahí una de las claves de la norma. A su juicio, el reglamento aporta seguridad jurídica porque distingue entre aplicaciones de bajo impacto, como un asistente virtual de atención al cliente, y herramientas que influyen en decisiones sobre créditos, empleo o educación.
Las sanciones más altas alcanzan los 35 millones de euros cuando se usan sistemas prohibidos.
Lo prohibido dibuja mejor el alcance de la ley que cualquier eslogan
La regulación veta técnicas manipuladoras o subliminales y también la explotación de la vulnerabilidad de menores, personas mayores o personas con discapacidad. Prohíbe además clasificar a las personas por características sensibles mediante identificación biométrica.
Tampoco admite sistemas de puntuación social, ni herramientas que infieran emociones en centros educativos o lugares de trabajo, ni la creación masiva de bases de datos faciales a partir de imágenes capturadas en internet. La identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos con fines policiales queda fuera, salvo excepciones limitadas.
En diciembre se sumará otro cerrojo. Quedarán prohibidos los sistemas capaces de generar falsificaciones audiovisuales de carácter sexual sin consentimiento y las aplicaciones diseñadas para producir pornografía infantil.
El mayor riesgo no siempre está en la máquina, sino en la espera
Giovanni Alessandrello, director general de la consultora BIP Iberia, advierte de que una de las amenazas más serias sería leer las prórrogas como permiso para aplazar la adaptación. Su planteamiento introduce una paradoja incómoda, porque el calendario se relaja en algunos puntos justo cuando las empresas necesitan ordenar procesos de transparencia, gobernanza y control interno.
Alessandrello rechaza además la idea de una Europa encerrada solo en la regulación. Defiende que el nuevo marco también abre espacio para una inteligencia artificial que pueda explicarse, auditarse y gobernarse, una discusión que conecta con la concentración de infraestructura y con la capacidad europea para decidir bajo qué reglas quiere usar estas herramientas.
Los sistemas de alto riesgo ya tienen nombre y apellidos
No hablamos de una categoría abstracta.
Entre esos sistemas figuran los que seleccionan candidatos en procesos de contratación, evalúan estudiantes, conceden créditos, calculan la solvencia financiera o fijan primas de seguros de vida y salud. En el terreno laboral, ese encaje afecta de lleno a la supervisión de algoritmos laborales, donde una decisión automática puede pesar tanto como una entrevista o un expediente.
Los incumplimientos en ese grupo de alto riesgo podrán acarrear sanciones de hasta 15 millones de euros. Más adelante, en agosto de 2028, llegará el turno de los sistemas integrados en productos ya regulados, como dispositivos médicos, asistentes de conducción, juguetes conectados o sistemas de navegación aérea.
España intenta traducir Bruselas a su propio engranaje jurídico
Mientras el reglamento europeo empieza a desplegar efectos, el Gobierno español tramita la Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial. La intención es adaptar la aplicación de ese marco al ordenamiento jurídico español y fijar cómo aterrizan sus obligaciones dentro del aparato institucional.
Los dos expertos coinciden en el punto más difícil de resolver. La tecnología avanza a una velocidad mucho mayor que la legislativa, de modo que la tensión no está solo en prohibir o permitir, sino en mantener viva una norma que hoy obliga a avisar al usuario cuando habla con una IA y mañana tendrá que seguir distinguiendo entre una ayuda inocua y una decisión que puede cerrar una puerta real.