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Desde el 2 de agosto de 2026 hay una línea roja mucho más nítida en Europa.
La ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, aprobada en junio de 2024 tras el uso masivo de chatbots como ChatGPT o DeepSeek, entra hoy en vigor en todo su alcance después de una aplicación parcial de algunas medidas durante 2025.
No todo vale con la IA cuando entra en juego la vida de una persona.
La norma veta usos que ya tocaban derechos muy sensibles
Quedan prohibidos los sistemas que clasifiquen a las personas por orientación sexual, ideología política o religión a partir de datos biométricos. También desaparece la posibilidad de identificar a alguien en tiempo real en espacios públicos mediante reconocimiento facial, un terreno que ya había encendido alertas en debates sobre vigilancia facial en el trabajo.
Tampoco podrá usarse inteligencia artificial para puntuar a quien solicita una ayuda a partir de sus datos personales, la práctica conocida como scoring.
Ahí aparece una de las decisiones más delicadas del reglamento, porque la norma corta de raíz la tentación de convertir expedientes, historiales o rasgos personales en una nota automática. Dicho de otro modo, una solicitud de ayuda no puede pasar por el filtro de una máquina que decida quién merece más o menos respaldo.
Europa también cerró la puerta a la predicción penal automatizada
La ley prohíbe utilizar circunstancias personales para predecir las posibilidades de que una persona cometa un delito. No es un matiz técnico, sino un límite directo a la idea de anticipar conductas humanas con perfiles estadísticos.
Además, el reglamento impide el empleo de sistemas que exploten vulnerabilidades derivadas de la edad, una discapacidad o una situación económica desfavorable. Ese punto conecta la regulación con una pregunta muy cotidiana, quién queda más expuesto cuando una tecnología decide, sugiere o presiona sin que el usuario pueda defenderse en igualdad de condiciones.
La supervisión humana deja de ser un adorno
La norma obliga a garantizar supervisión humana tanto en el desarrollo como en la implementación de estos sistemas. Esa supervisión debe incluir capacidad real para intervenir o interrumpir el funcionamiento cuando sea necesario.
No basta, por tanto, con dejar a una persona mirando un panel de control.
La exigencia cambia bastante el sentido de la automatización, porque obliga a conservar un margen de decisión humana allí donde el sistema puede afectar derechos o generar daños. En paralelo, la documentación técnica y los archivos de registro que produce la inteligencia artificial deberán conservarse y quedar disponibles para las autoridades competentes.
Los Estados tendrán que probar antes de dejar entrar
Desde el 2 de agosto los Estados miembros de la Unión Europea deben contar con un espacio de pruebas para entrenamientos y ensayos antes de que un sistema llegue al mercado. La idea es someter estas herramientas a un entorno controlado antes de que entren en circulación en contextos reales.
En España, mientras tanto, el ajuste nacional de ese marco aún sigue abierto.
En mayo de este año el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de inteligencia artificial, que ahora está en fase de enmiendas. Ese texto define qué autoridades tendrán poderes especiales para supervisar el uso de la IA y todavía puede cambiar durante su paso por el Congreso y el Senado, como ya ocurrió en otras discusiones sobre la ley española de IA.
Europa ya ha fijado desde el 2 de agosto de 2026 qué usos quedan fuera, aunque España todavía discute quién vigilará su cumplimiento dentro de sus propias fronteras.