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Europa quiere más centros de datos y al mismo tiempo evita enseñar cuánto consumen. Esa es la contradicción que ha acabado en un recurso contra la Comisión Europea, después de que una coalición de periodistas pidiera en octubre de 2025 los indicadores de rendimiento de las instalaciones de más de 500 kW y recibiera una negativa en diciembre por supuesto secreto comercial.
Desde 2024 la Unión Europea recopila datos sobre consumo de energía y agua en este sector. La Comisión Europea y los estados miembros han mantenido esas cifras fuera del alcance público, aunque se trata de información medioambiental.
Bruselas quiere triplicar el sector mientras oculta su factura
Los planes del gabinete de Ursula von der Leyen aspiran a triplicar los centros de datos en Europa en el próximo lustro. La discusión ya no gira solo en torno a soberanía digital o capacidad industrial, porque cada nueva sala de servidores empuja también la demanda de electricidad y agua.
Ahí aparece el choque de frente.
Lex Coors, presidente de la patronal EUDCA y directivo de Digital Realty, formuló ese dilema en junio.
"o desplegaban inteligencia artificial a gran escala o cumplían los objetivos climáticos. Ambos objetivos a la vez son incompatibles" - Lex Coors, presidente de EUDCA y directivo de Digital Realty
Un portavoz de Spain DC respondió con la tesis contraria y rechazó que Europa tenga que elegir entre más capacidad digital y centros de datos más sostenibles. Para esa patronal, ambas metas son compatibles.
Mientras tanto, la propia Comisión reconoció que solo el 36% de los centros de datos de la Unión Europea enviaron sus datos durante 2024. Ese agujero estadístico ya complica cualquier fotografía precisa de un sector que, incluso con información incompleta, muestra una trayectoria ascendente.
Los pocos datos que afloran ya dibujan un salto de escala
Los centros de datos que sí reportaron información en 2025 usaron un 25% más de energía y un 50% más de agua que el año anterior. No es un matiz menor, porque el aumento llega antes de que exista una base completa y comparable de todas las instalaciones europeas.
Irlanda ofrece la imagen más nítida de esa presión. Allí, uno de cada cuatro vatios consumidos en el país se destina al sector de los centros de datos.
En 2021 el regulador energético irlandés prohibió nuevas conexiones a la red para esta industria. La moratoria se levantó en 2024, pero incluyó requisitos de autoconsumo, una señal clara de que el problema no era teórico.
Países Bajos ya optó por otro camino y desde 2025 cuenta con un portal público para consultar el consumo anual de energía y agua de los centros de datos. Esa comparación deja en evidencia el muro levantado a escala comunitaria y encaja con el caso irlandés, donde la carga eléctrica del sector dejó de ser un asunto técnico para convertirse en debate público.
La opacidad no frena una expansión que ya pisa España
En Aragón, Amazon Web Services comenzó a operar en 2022 sus tres primeros campus de centros de datos propios y desde entonces ha anunciado dos expansiones. El mapa español, por tanto, no observa esta carrera desde la barrera.
Thomas Greason, co CEO de QTS Data Centers, describió en junio en Cannes una escala inédita en Europa.
"Es una escala que nunca hemos visto en Europa, pero está llegando y todos deberíamos estar preparados" - Thomas Greason, co CEO de QTS Data Centers
Bjorn Ronning, consejero de la asociación noruega de centros de datos, usó una imagen todavía más expresiva al hablar de una fiebre del oro en la que todos llevan pala. La metáfora sirve porque retrata un movimiento acelerado, competitivo y difícil de ordenar cuando la demanda de suelo, red y agua corre más rápido que la transparencia.
Greason también descalificó a quienes se oponen a estas infraestructuras como "gente de las cuevas" y llegó a comparar las protestas con la oposición que despierta cualquier gran construcción. Esa forma de plantear el conflicto revela hasta qué punto el debate ha dejado de ser una cuestión de ingeniería para entrar en el terreno social.
Algo parecido ya asomaba en la expansión de AWS en España, donde la conversación sobre inversión convive con la pregunta más áspera de todas, cuánta energía y cuánta agua exige realmente cada campus.
La etiqueta llegará en 2027, pero no enseñará las cifras reales
Desde 2027 los operadores tendrán que incluir una etiqueta de eficiencia de la A a la G. El problema es que ese sistema no mostrará las cifras reales de consumo.
Christian van Veen, abogado e investigador de la ONG Leitmotiv, considera irracional la cláusula que impide conocer información detallada. Su argumento es concreto, porque sin datos por centro resulta imposible saber qué parte del sector y qué tipo de empresas concentran el peso principal del consumo energético.
Joaquín Meseguer, experto en transparencia en el sector público, retrató esa situación como una opacidad impropia de gobiernos que llenan su discurso de transparencia. Nicolás González Casares, eurodiputado, añadió que los datos del nuevo etiquetado son imprescindibles para analizar y comparar la sostenibilidad de estas instalaciones, pero no bastan por sí solos.
En marzo, el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen respondió que no tiene esos datos en su poder porque las tecnológicas los remiten directamente a la Comisión Europea. El resultado práctico es simple y desconcertante a la vez, Europa recoge información ambiental de un sector en expansión, reconoce que solo una parte ha reportado y aun así niega el acceso a las cifras centro por centro.