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Extremadura ha trazado una línea nítida en las aulas. La Inteligencia Artificial podrá entrar como apoyo, pero no podrá decidir por sí sola una nota, una orientación académica ni una acusación de fraude.
La nueva instrucción de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa actualiza la normativa sobre dispositivos tecnológicos aprobada en 2024 y fija una exigencia central. Los resultados generados por sistemas de Inteligencia Artificial deberán pasar una revisión humana efectiva siempre que influyan en la calificación, la orientación o la detección de conductas irregulares.
La norma impide que una máquina decida una sanción o una nota
El texto lo formula con contundencia cuando señala que no podrán adoptarse decisiones exclusivamente automatizadas que produzcan efectos académicos relevantes.
Ahí aparece una de las claves prácticas de la instrucción. Un detector de textos generados con IA, por ejemplo, no bastará por sí solo para considerar que un alumno ha cometido una infracción, una cautela que conecta con el debate abierto por los falsos positivos en este tipo de herramientas y que ya asomó en los falsos positivos de GPTZero.
Tampoco todo vale al usar estas herramientas.
Cuando una actividad lo establezca, el alumnado tendrá que declarar qué sistema ha utilizado, para qué lo ha usado y de qué manera ha intervenido en la tarea. La obligación desplaza el foco desde la simple sospecha hacia la trazabilidad del trabajo entregado.
Los datos personales quedan fuera de los servicios públicos no autorizados
La instrucción prohíbe introducir en servicios de IA públicos o no autorizados nombres, voces, imágenes, calificaciones, informes o datos de salud del alumnado.
No es una prohibición menor, porque coloca en el mismo plano la fascinación por la automatización y un límite muy concreto de privacidad. En un momento en que muchos sistemas prometen corregir, resumir o identificar patrones en segundos, el mensaje de la Junta es que la comodidad no justifica volcar información sensible de menores.
Carmen Gómez, directora general de Innovación e Inclusión Educativa, enmarca la medida como una actualización del marco de 2024 ante una realidad cambiante.
"No aparta la tecnología, pero ordena su uso" - Carmen Gómez, directora general de Innovación e Inclusión Educativa
Esa idea recorre toda la instrucción y se nota especialmente en el reparto por etapas educativas. En Infantil y Primaria, la competencia digital se trabajará con equipos del propio centro y lejos de las pantallas privadas del alumnado, mientras que en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional los dispositivos personales solo podrán usarse de forma estrictamente excepcional y con finalidades pedagógicas planificadas.
Los móviles siguen prohibidos durante toda la jornada escolar
Desde 2024 ya existía una restricción, pero ahora queda reforzada con más detalle. Los alumnos no podrán utilizar ni exhibir teléfonos móviles, relojes inteligentes ni dispositivos equivalentes durante toda la jornada escolar.
Los dispositivos personales deberán permanecer apagados, guardados y sin emitir señales, sonidos o vibraciones. Si el uso del móvil es recreativo, el centro retirará el aparato hasta el final de las clases.
Cuando la conducta vaya más allá, la respuesta también sube de nivel.
El ciberacoso, la usurpación de identidad y las grabaciones no autorizadas mediante dispositivos pasan a considerarse faltas muy graves contra la convivencia escolar. En esos casos, el centro retendrá el teléfono y obligará a padres o tutores legales a acudir en persona para recogerlo, una lógica de control que también ha acompañado otras medidas sobre móviles ocultos en exámenes.
Si aparecen indicios claros de delito en la red, los profesores no podrán investigar el contenido del terminal. Su obligación será avisar de inmediato a la policía y a las autoridades judiciales.
La desconexión digital entra por primera vez en colegios e institutos
Otra novedad de la instrucción entra en un terreno menos visible, pero muy cotidiano. Extremadura regula por primera vez la desconexión digital en centros educativos.
Los colegios e institutos tendrán que publicar sus franjas ordinarias de atención y comunicación. El envío de mensajes fuera de esas franjas no generará expectativa de respuesta inmediata ni consecuencias, y además el texto ordena evitar vencimientos nocturnos y plazos que transcurran íntegramente en días no lectivos.
También habrá pausas frente a la pantalla.
Los docentes de todas las etapas deberán planificar paradas técnicas obligatorias y descansos visuales para proteger la salud ocular de los menores. Y si un alumno no puede o no quiere aportar un dispositivo personal, esa negativa no podrá causarle perjuicio académico porque el centro deberá ofrecer una alternativa equivalente.
El debate político ya gira sobre control y burocracia
El plazo para que los centros adapten documentos y protocolos termina el 31 de octubre.
Silvia González, diputada del PSOE en la Comisión de Educación de la Asamblea, criticó la instrucción al afirmar que no aporta nada nuevo y que solo genera más papeleo. Carmen Gómez cerró la defensa de la norma con otro acento, al sostener que su objetivo es ayudar a docentes, alumnos y familias.
Entre ambos discursos queda una escena muy concreta de la escuela que viene. Un alumno podrá usar IA en una tarea si explica qué herramienta empleó y cómo la usó, pero ni una nota ni una sospecha de fraude podrán descansar solo en lo que diga una máquina.