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Un recurso judicial admite discusión. Lo que no admite es inventarse la jurisprudencia.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha impuesto una multa de 1.800 euros a un abogado por presentar un recurso con 24 citas jurisprudenciales inventadas. El magistrado ponente describió esas invenciones y los textos añadidos como una “libérrima creatividad jurídica”.
El tribunal recordó que la máquina no verifica por su cuenta
Ahí aparece una idea que va más allá de este caso concreto. Los magistrados sostienen que el uso de inteligencia artificial generativa exige un “control humano consciente y efectivo” y llaman “reserva de humanidad” a la obligación de no delegar en la máquina la comprobación de lo que se firma.
"libérrima creatividad jurídica" - magistrado ponente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
No es una discusión abstracta sobre tecnología, sino una cuestión básica de responsabilidad profesional. El propio tribunal señaló que una búsqueda gratuita en el CENDOJ habría bastado para comprobar las citas, del mismo modo que ya ocurrió en otro caso de sentencias inexistentes detectado en España.
La cuantía encaja con el coste de verificar bien
La sanción no salió de la nada. La Ley reguladora de la jurisdicción social permite imponer multas de entre 600 y 6.000 euros, y en este caso la sala fijó 1.800 euros tomando como referencia el coste anual de una herramienta jurídica especializada con bases de datos verificadas, que oscila entre 1.500 y 3.000 euros.
El abogado reconoció los hechos, pidió disculpas y aseguró haber informado a su cliente. Aun así, no identificó qué herramienta de inteligencia artificial utilizó para elaborar el recurso.
Además, el tribunal tuvo en cuenta varios atenuantes. Valoró el reconocimiento de los hechos, la comunicación al cliente y la ausencia de antecedentes similares.
La resolución también abre una vía disciplinaria
Ahora la resolución será remitida al Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña para que valore posibles consecuencias disciplinarias. Esa derivada convierte un error documental en un problema con alcance profesional, como ya se ha visto en otros expedientes por uso de IA dentro del ámbito judicial.
1.800 euros no cierran el caso. La cifra queda justo en el espacio que separa una comprobación gratuita en el CENDOJ y una multa que el tribunal midió con el precio anual de una base jurídica verificada.