Añadir Mangas Verdes como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
La inteligencia artificial ya no solo plantea preguntas técnicas. En Iberoamérica obliga a ordenar algo más básico y más delicado, quién puede usar nuestros datos, para qué y con qué límites.
La Red Iberoamericana de Protección de Datos aprobó por unanimidad unos estándares comunes sobre el uso de datos personales en sistemas de inteligencia artificial, con la Agencia Española de Protección de Datos al frente de su secretaría permanente.
El texto fija un marco común para una tecnología que decide
El documento dibuja un terreno compartido para autoridades, legisladores, empresas y administraciones públicas. Lo hace con un enfoque basado en el riesgo y la proporcionalidad, una fórmula que intenta ajustar las obligaciones al daño posible y no solo a la novedad de la herramienta.
No basta con decir que hay inteligencia artificial.
Las organizaciones deberán explicar la finalidad de sus sistemas, qué papel desempeñan en la toma de decisiones y qué consecuencias pueden tener para las personas afectadas. Ahí aparece una idea de fondo que cambia bastante la conversación pública, porque el deber de informar deja de quedarse en la etiqueta tecnológica y entra en la lógica real del poder que ejerce el sistema.
Internet no queda abierta de par en par para entrenar modelos
Uno de los límites más claros afecta al uso de información obtenida de internet para entrenar modelos. El texto exige habilitación jurídica adecuada y obliga a valorar también las expectativas de las personas afectadas, algo que toca un punto incómodo en plena fiebre por recopilar datos a gran escala.
Ese matiz importa porque la disponibilidad de un dato en la red no lo convierte automáticamente en materia prima libre de fricción. En esa misma discusión encajan los permisos de asistentes de IA, donde un acceso aparentemente rutinario puede terminar abriendo la puerta a usos mucho más invasivos.
También queda bajo foco el tratamiento de datos personales inferidos por sistemas de inteligencia artificial. No hablamos solo de lo que una persona entrega de forma directa, sino de lo que un sistema deduce sobre su salud, su ideología o su orientación sexual, categorías para las que el documento reclama protección reforzada.
El derecho a saber gana peso cuando la decisión la toma una máquina
Las personas podrán conocer si sus datos se utilizaron en el desarrollo de un modelo. Además, tendrán la posibilidad de impugnar resultados de decisiones automatizadas y pedir intervención humana, un detalle que convierte un principio abstracto en una vía concreta de defensa.
Aquí asoma una de las tensiones centrales del texto. Cuanto más complejos son los sistemas, más difícil resulta explicar de forma comprensible qué hacen con los datos y cómo influyen en una decisión que puede afectar a un crédito, un servicio o una evaluación.
Por eso los estándares no se detienen en el modelo que entrena una gran empresa. También recuerdan que los proveedores necesitan una base jurídica adecuada para usar datos de clientes en el entrenamiento, mientras quienes emplean sistemas de terceros siguen siendo responsables de los tratamientos cuyos fines y medios determinan.
La norma mira también a la IA generativa y a la biometría
El documento incorpora orientaciones para la inteligencia artificial generativa y agéntica, pero también para la biometría, el reconocimiento de emociones y los neurodatos. Es una lista que retrata hacia dónde se está desplazando el debate, desde el simple uso de algoritmos hacia sistemas capaces de perfilar, interpretar gestos o trabajar con señales especialmente sensibles.
Esa amplitud no llega en el vacío. En los últimos meses han aparecido avisos sobre IA aplicada a procesos de selección, un terreno donde una inferencia automatizada puede pesar sobre una persona antes incluso de que llegue a una entrevista.
La elaboración técnica de estos estándares contó con financiación de la Unión Europea y con la colaboración de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas dentro de la Alianza Digital UE-ALC. La fotografía final deja una contradicción muy actual, porque mientras la inteligencia artificial empuja a recoger más señales sobre cada individuo, las reglas recién aprobadas insisten en que no todo lo que puede deducirse debe poder usarse.