La gigafactoría de inteligencia artificial de Móra la Nova empezará a tomar forma jurídica en el Consejo de Ministros, que aprobará los estatutos de la sociedad anónima propietaria del proyecto.
No será una compañía pública en sentido estricto. El capital inicial repartirá el 51 % entre Telefónica, Santander y ACS, dejará el 48 % en manos de la Administración central y reservará el 1 % a la Generalitat, aunque esa cuota crecerá cuando aporte suelos e infraestructuras de apoyo según la valoración de esos activos.
Illa concentró el mando político y ya tiene gestor
Salvador Illa ha concentrado las gestiones en Albert Dalmau, conseller de Presidència. Al frente de la operación diaria estará Francesc Fajula, hasta hace unos meses director general de la Fundación Mobile World Capital, como primer ejecutivo del proyecto.
Son 5.000 millones de euros de inversión estimada.
De esa cifra, 1.500 millones llegarán como capital desembolsado por fases por los accionistas. El Ministerio de Transición Digital que dirige Óscar López ya ha comprometido una aportación inicial de 250 millones de euros a través de la Sociedad española para la transformación tecnológica.
Europa quiere cinco factorías y Móra la Nova entra en esa carrera
Bruselas ha reservado hasta 20.000 millones de euros mediante el fondo InvestIA para cinco factorías europeas de inteligencia artificial, de modo que la planta catalana no nace solo como una apuesta local sino dentro de una competición continental por capacidad de cálculo. Ese marco explica también por qué el proyecto busca una escala poco habitual en España.
La instalación operará más de 100.000 procesadores de última generación para entrenar modelos de inteligencia artificial a gran escala. Ese volumen la acerca más a una infraestructura industrial de computación que a un edificio pensado para alojar servidores de terceros.
Ahí aparece una de las claves del proyecto, porque la idea no pasa por alquilar espacio de almacenamiento como haría un centro de datos convencional, sino por concentrar potencia de cálculo para desarrollar y entrenar sistemas avanzados. Quien intente imaginarlo como una nave llena de discos duros se quedará corto.
Además del músculo computacional, el plan proyecta 250 empleos directos de alta cualificación y 2.500 indirectos. El empleo prometido ayuda a entender por qué la iniciativa se presenta también como una operación industrial y no solo tecnológica, algo que ya asomaba en las gigafactorías europeas de IA.
La energía pesará más que el agua en el diseño de la planta
El consumo de agua será muy limitado gracias al uso de instalaciones estancas. La energía principal procederá de la red eléctrica del polígono industrial de Móra la Nova, un detalle nada menor en una infraestructura que dependerá de una alimentación continua y muy intensiva, como ya mostraron los cuellos de botella de la red.
El pasado jueves, una reunión en el Club de Tenis Barcelona reunió a parte del empresariado local alrededor del proyecto bajo la organización de la fundación Emet Verdad. La fotografía del acto enseñó hasta qué punto la operación busca apoyos políticos, económicos y sociales al mismo tiempo.
Allí estuvieron Xavier Trias, vocal de Emet, y Silvia Benamú, directora general de la fundación, junto a Raymond Forado, presidente de la Comunidad israelita de Barcelona, y Jose Thovar Lozano, director general del centro Sefarad-Israel. También asistieron Antoni Fernández, secretario de Hacienda de la administración catalana, Lluís Bassat, publicista, Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment, y Tatxo Benet, presidente de FemCat.
Manuel Valls preside Emet Verdad.
Hace unos meses, Valls afirmó que el antisionismo es una forma de antisemitismo. A la vez, Jose Thovar Lozano dirige Sefarad-Israel, un consorcio público participado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital, presidido por José Manuel Albares y con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida como vicepresidentes.
Entre cifras de capital, reparto accionarial y más de 100.000 procesadores, la escena final no transcurre en una sala técnica sino en un club privado de Barcelona, con bancos, constructoras, altos cargos y representantes institucionales sentados alrededor de la misma mesa.