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La violencia machista también deja huellas en una pantalla.
La Fiscalía General del Estado ha colocado esa idea en el centro de su memoria anual de 2025 al advertir del uso de la inteligencia artificial como herramienta para la ciberviolencia de género entre jóvenes y adolescentes. No habla de un fenómeno lateral, sino de una forma de agresión que se mezcla con la vida digital cotidiana y que puede circular a la velocidad de un mensaje reenviado.
La red amplifica un daño que ya tenía cifras propias
La dimensión del problema ya aparecía en la Macroencuesta de violencia contra la mujer 2024, donde el 12,2 % de las mujeres residentes en España mayores de 16 años ha sufrido acoso digital en algún momento de su vida. A eso se suman dos datos que ayudan a poner rostro al problema, porque el 9,4 % recibió mensajes sexualmente explícitos inapropiados y el 0,8 % sufrió la difusión en internet de vídeos o fotos eróticas o sexuales sin consentimiento.
Ahora la inteligencia artificial añade escala, facilidad y anonimato relativo a prácticas que antes ya existían, desde la humillación hasta la manipulación de imágenes. Ese salto conecta con episodios recientes de desnudos falsos con fotos públicas, donde la agresión sale del círculo íntimo y entra de lleno en redes, canales y grupos.
Los juzgados ya miran también lo que alguien quiso borrar
En 2025, los tribunales aceptan el rastro del mensaje eliminado en aplicaciones de mensajería como indicio corroborador de la versión de la víctima sobre su contenido. Puede parecer un detalle técnico, pero cambia algo básico, porque lo que desaparece de la pantalla no desaparece siempre del proceso judicial.
Esa adaptación judicial convive con un aumento de los casos que inquieta al ministerio público. En 2025 se registraron 1.023 causas por delitos de violencia de género, un 15,2 % más que en 2024, cuando fueron 888.
La propia Fiscalía califica esa cifra de muy preocupante y la interpreta como una señal de que no están calando los grandes esfuerzos en formación en igualdad. Junto a ese diagnóstico, denuncia una educación en valores deficitaria que el entorno educativo del menor no ha sabido o podido paliar.
El problema no empieza en el algoritmo sino en lo que aprende quien lo usa
No toda la alarma apunta a la herramienta.
La memoria describe un entorno digital plagado de bulos informativos que buscan a los menores como gancho fácil para difundir ideologías que niegan o minusvaloran la violencia contra la mujer. Ahí aparece una contradicción incómoda, porque la misma generación que ha crecido con más acceso a información convive también con mensajes que trivializan la agresión o la disfrazan de juego, meme o venganza.
Esa preocupación explica por qué la Fiscalía considera más urgente que nunca formar de manera especializada a los fiscales en nuevas formas de delincuencia tecnológica e invertir en prevención educativa. También encaja con señales que ya habían aflorado en deepfakes sexuales de menores, donde el daño no depende solo del archivo que circula, sino de la facilidad para reproducirlo y volver a lanzarlo.
La desigualdad también aparece cuando toca medir y acreditar el daño
La Fiscalía reclama a las administraciones un modelo más uniforme y suficientemente dotado de las Unidades de Valoración Forense Integral para garantizar un acceso equitativo a la pericia forense integral en todo el territorio nacional. Cuando una víctima depende del código postal para obtener apoyo pericial, la respuesta institucional deja de ser igual para todas.
El dato más brutal sigue fuera de la pantalla, aunque la pantalla lo agrave muchas veces. En 2025, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en crímenes machistas.