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El Gobierno quiere que una voz falsa hecha con inteligencia artificial deje de moverse en tierra de nadie.
El Consejo de Ministros aprobó la reforma de la ley orgánica que protege el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, una norma llamada a sustituir a la vigente desde 1982. Ahora irá al Congreso, donde continuará su trámite parlamentario.
La reforma entra donde internet ya había cambiado las reglas
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, presentó una reforma que toca varios frentes a la vez. El texto, explicó, se enriqueció durante meses con informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Estado y el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Uno de los cambios más visibles afecta a los llamados true crimes, un formato que convirtió tragedias reales en producto cultural para plataformas, editoriales y productoras. La nueva redacción considera injerencia ilegítima cualquier obra que dañe el honor, la intimidad o la imagen de la víctima, y abre la puerta a medidas judiciales o cautelares para suspender su comercialización.
Ahí aparece una novedad que dialoga con los riesgos legales de los deepfakes, porque la reforma también tipifica como ilegítimo el uso no autorizado de la edición de voz o imagen de una persona con fines publicitarios o comerciales mediante inteligencia artificial. Dicho de forma simple, convertir la cara o la voz ajena en reclamo comercial sin permiso pasa a quedar señalado de forma expresa.
No todo uso de esa tecnología quedará vetado.
La reforma permite emplearla en contextos satíricos, recreativos o de ficción, una distinción que intenta separar la parodia del negocio y el juego del perjuicio. Esa frontera no siempre será cómoda, pero revela el intento de la norma por no tratar del mismo modo un montaje humorístico y una explotación comercial.
Las redes sociales dejan de ser un álbum sin consecuencias
Otro punto toca una costumbre muy extendida en la vida digital, tomar imágenes de cuentas personales y hacerlas circular en escenarios para los que nunca fueron publicadas. La reforma prohíbe usar fotos de redes sociales en contextos alejados de su finalidad original, salvo cuando se limiten a hechos de relevancia pública.
La idea tiene un fondo reconocible para cualquiera que haya subido una foto pensando en amigos, familia o un círculo limitado y la haya visto después en un lugar ajeno. Ese desplazamiento de contexto, que internet convirtió en rutina y que ya aparecía en debates sobre grabaciones sin permiso, pasa a ocupar un lugar central en la protección jurídica de la imagen.
También cambia la edad a la que una persona puede prestar consentimiento sobre su propia imagen, que queda fijada en los 16 años. Aun así, el consentimiento de menores de 16 o 17 años no justificará actuaciones contrarias a su propio interés.
En los procedimientos de protección que involucren a menores, el Ministerio Fiscal será parte en todos los casos. No es un matiz menor, porque convierte esa protección en una presencia obligatoria dentro del proceso.
La ley también llega después de la muerte
La reforma aborda el testamento digital de las personas fallecidas y permite prohibir el uso de su imagen o su voz con fines comerciales. Además obliga a designar a un tercero para autorizar esos usos, una previsión que traslada al entorno digital una pregunta cada vez menos teórica sobre quién decide cuando la persona ya no puede hacerlo.
Elma Saiz, portavoz del Gobierno, defendió que la norma actualiza la legislación para responder a los retos de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Su argumento de fondo consiste en devolver el control de la imagen a los ciudadanos frente a usos ajenos.
La ley que todavía rige este terreno nació en 1982, pero la reforma entra en un mundo donde una foto personal puede acabar fuera de contexto, un true crime puede chocar con la intimidad de una víctima y una voz sintética puede vender algo que su dueño nunca dijo.