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Europa ha pasado de debatir la inteligencia artificial a vigilarla.
Desde el 2 de agosto, la Oficina de IA de la Comisión Europea y las autoridades nacionales supervisan y hacen cumplir disposiciones clave del Reglamento de Inteligencia Artificial. La novedad no afecta solo a laboratorios o grandes plataformas, también alcanza a cualquier servicio que converse, genere imágenes o altere audios de forma que pueda confundirse con una persona o con un hecho real.
Los chatbots ya tienen que decir que no son humanos
Ahora, los chatbots y otros sistemas interactivos deben informar de forma expresa de que el usuario habla con una máquina. Esa obligación busca cortar una ambigüedad que hasta hace poco se había normalizado en asistentes de atención, herramientas de productividad o personajes virtuales.
También cambia el trato a los contenidos sintéticos.
Las imágenes, los vídeos y los audios generados o alterados mediante inteligencia artificial, incluidos los deepfakes, deben identificarse como tales e incorporar marcas legibles por máquina. Ahí entra una escena cada vez más cotidiana, desde una voz clonada hasta una fotografía alterada que circula en redes con apariencia documental.
Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia de la Comisión Europea, enmarca este giro regulatorio en una idea sencilla de entender para cualquiera que use estos sistemas a diario.
"Con la IA Act establecimos un marco claro, basado en el riesgo y duradero para una IA fiable, que ofrece seguridad jurídica a los innovadores al tiempo que protege el interés público. A medida que comienza la aplicación, estamos dando un paso importante hacia la IA que las personas y las empresas pueden entender y confiar, y cuyos beneficios se comparten ampliamente en toda nuestra sociedad". - Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia de la Comisión Europea
La arquitectura del reglamento no trata igual a todos los sistemas. Los proveedores de modelos de uso general, como GPT de OpenAI, Gemini de Google, Claude de Anthropic o Llama de Meta, deben cumplir obligaciones documentales, facilitar información a las autoridades, establecer políticas de derechos de autor y publicar resúmenes de los contenidos de entrenamiento.
Los modelos con más alcance cargan con más obligaciones
No todos los riesgos pesan lo mismo. Los modelos considerados de riesgo sistémico afrontan requisitos adicionales por amenazas que van desde incidentes químicos, biológicos, radiológicos o nucleares hasta ataques de ciberseguridad, manipulación de usuarios, pérdida de control o vulneración de derechos fundamentales.
Ese reparto de tareas también dibuja quién vigila a quién. La Oficina Europea de IA controlará los sistemas vinculados a modelos de uso general y grandes plataformas digitales, mientras las autoridades nacionales asumirán la mayor parte de las aplicaciones desplegadas en cada país.
En el caso español, la supervisión recae en la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
La AESIA coordina esa tarea con la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo General del Poder Judicial y la Junta Electoral Central. Además, el Supervisor Europeo de Protección de Datos vigilará los sistemas utilizados por las instituciones y organismos de la Unión Europea.
El reglamento no solo impone transparencia, también veta determinadas conductas. Quedan prohibidas las prácticas de inteligencia artificial que manipulen el comportamiento, exploten vulnerabilidades o realicen evaluaciones injustificadas que afecten a los derechos de los ciudadanos, una línea que conecta con riesgos legales de los deepfakes que ya habían entrado en el debate público.
España aplica el reglamento mientras prepara su propio castigo
España no parte de cero. La futura Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial establece sanciones de hasta 35 millones de euros, prohíbe los deepfakes de carácter sexual y regula la utilización de marcas de agua, en paralelo a la aplicación del marco europeo.
Hay fechas que ordenan ese calendario con bastante precisión. Las prohibiciones relacionadas con sistemas capaces de generar material de abuso sexual infantil o contenido sexual explícito no consentido entrarán en vigor el 2 de diciembre de 2026, mientras las normas específicas para sistemas de alto riesgo se aplicarán a partir del 2 de diciembre de 2027.
Un año después llegará otra capa regulatoria.
Las obligaciones para sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo integrados en productos regulados se aplicarán el 2 de agosto de 2028. Entre tanto, el reglamento europeo prevé sanciones de hasta el 7% de la facturación global anual, una cifra que sitúa el problema fuera del terreno simbólico y lo acerca al corazón financiero de cualquier compañía, como ya ocurre en las multas por IA abusiva.
La paradoja es que la IA ya debe identificarse hoy, pero parte del castigo más duro llegará entre 2026 y 2028.