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El 2 de diciembre la Unión Europea cierra dos puertas a la vez. Desde ese día quedan prohibidos los sistemas que generen imágenes, vídeos o audios sexuales de personas identificables sin consentimiento y también los que produzcan material de abuso sexual infantil.
La fecha tiene otro filo menos visible, pero muy práctico. Ese mismo 2 de diciembre termina la prórroga de cuatro meses para que los generadores de contenido sintético que ya estaban en el mercado marquen sus resultados en un formato legible por máquina, una exigencia del artículo 50.2 que busca dejar rastro técnico en archivos de texto, imagen, audio o vídeo.
Europa fijó una sola fecha y dejó atrás la confusión
Durante la negociación llegó a circular otra fecha, el 2 de noviembre, porque esa fue la propuesta que defendió el Parlamento Europeo.
Al final, el texto publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 24 de julio fijó el 2 de diciembre como fecha única, dentro del Reglamento (UE) 2026/1744. La norma había sido aprobada por el Parlamento Europeo el 16 de junio y recibió la aprobación final del Consejo el 29 de junio, antes de entrar en vigor el 27 de julio.
No es un ajuste menor.
La prohibición de los llamados desnudos falsos no afecta solo a quien desarrolla la herramienta. El veto abarca la comercialización, la puesta en servicio y el uso, con sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial de la empresa infractora.
España empujó el veto tras la polémica con Grok
Buena parte de ese giro nació en Bruselas a principios de año. La prohibición se incorporó al reglamento después de una propuesta de España, impulsada por la polémica que provocaron las imágenes generadas con Grok.
Ahí aparece una distinción incómoda, pero decisiva. El uso puramente personal de estas herramientas queda fuera del Reglamento de Inteligencia Artificial, aunque en España la Agencia Española de Protección de Datos mantiene un canal prioritario para pedir la retirada urgente de desnudos falsos, una vía pensada para daños que ya están circulando.
Junto a esa ofensiva contra los montajes sexuales, la Unión Europea aprieta por otro lado con la trazabilidad. Desde el 2 de agosto de 2026, los nuevos generadores ya tenían que incorporar esa marca legible por máquina y esa misma lógica aparece en marcas invisibles en asistentes de IA que permiten detectar si una herramienta intervino en el archivo final.
La marca invisible no es la misma etiqueta que ve el usuario
Conviene separar dos obligaciones que a menudo se mezclan en la conversación pública, aunque funcionen de manera distinta.
La del artículo 50.2 está pensada para máquinas. Hablamos de metadatos o de marcas invisibles incrustadas en el archivo, un sistema que permite a redes sociales y buscadores detectar que ese contenido es sintético sin depender de que el ojo humano lo reconozca.
Otra obligación distinta, recogida en el artículo 50.4, recae sobre quien publica montajes realistas. En ese caso la etiqueta debe ser visible y se aplica desde el 2 de agosto sin prórroga, igual que el aviso que deben mostrar los asistentes de conversación para dejar claro que el usuario está interactuando con una máquina.
La Unión Europea incluso ha creado tres iconos opcionales para facilitar ese etiquetado visual. El marco es más flexible cuando se trata de obras artísticas, satíricas o de ficción, un terreno donde la frontera entre advertencia y exceso de celo nunca resulta del todo cómoda y donde ya han aparecido casos de detección de marcas SynthID en imágenes que circularon como reales.
Las reglas más duras llegan ya, pero otras se retrasan un año más
Mientras el veto a los desnudos falsos y las obligaciones de transparencia entran en una fase inmediata, la parte más pesada del reglamento sigue otro calendario.
La aplicación de las normas para sistemas de alto riesgo usados en empleo, educación o biometría se ha aplazado hasta el 2 de diciembre de 2027. Ese desfase dibuja una prioridad política muy clara, porque Europa adelanta la respuesta a los usos más dañinos y deja más margen a sectores donde la supervisión técnica y administrativa será mucho más compleja.
En España, esa vigilancia recae en la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña. El reglamento europeo se aplica directamente en toda la Unión Europea sin necesidad de una ley nacional, aunque sigue pendiente el desarrollo del régimen sancionador y el reparto fino de funciones con la Agencia Española de Protección de Datos.
Ese vacío nacional tiene una derivada política inmediata. El proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, aprobado por el Gobierno en mayo, caducó con la disolución de las Cortes antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Así que la escena queda partida en dos tiempos, y ambos convergen en la misma fecha. El 2 de diciembre no solo vence una prórroga técnica para marcar archivos, también empieza a aplicarse un veto con multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial para quienes conviertan los desnudos falsos en negocio, servicio o herramienta de uso.