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Monfarracinos, un municipio zamorano de 1.000 habitantes situado a 10 kilómetros de la capital, aparece de pronto en una escala que suele asociarse a las grandes áreas industriales. Allí se proyecta un macrocentro de datos para inteligencia artificial promovido por filiales de Edison, del grupo EDF, y FRV, con una promesa de 426 empleos y una contestación vecinal que discute casi todo lo demás.
La discusión empezó cuando aparecieron 2.256 páginas en agosto
El 5 de agosto salieron a información pública 2.256 páginas de proyecto, con plazo de alegaciones hasta el 16 de septiembre. A partir de ahí, la discusión dejó de ser una hipótesis y pasó a medirse en hectáreas, ruido, consumo eléctrico y emisiones.
Pilar Sánchez, integrante de la plataforma vecinal, sitúa el conflicto en la relación entre vecinos y Ayuntamiento.
"El Ayuntamiento ha negociado a espaldas de todo el mundo. Cuando en agosto salió el proyecto y pedimos información, ni contestó; el alcalde nos ha tomado el pelo". - Pilar Sánchez, integrante de la plataforma vecinal
La Junta de Castilla y León ya lo ha declarado Proyecto Regional, una etiqueta que acelera su peso político y administrativo. Francisco Guarido, alcalde de Zamora por IU, pide retirar esa catalogación porque lo considera "un modelo sobredimensionado que podría haberse planteado con una escala mucho menor" y reclama conocer qué motivos justifican esa decisión.
El consumo eléctrico coloca a Zamora ante otra dimensión
La instalación requerirá 2.255 gigavatios por hora al año, una cifra que Manuel García, investigador predoctoral del CSIC, compara con el 330% del consumo eléctrico de toda la provincia de Zamora y con el 18% de Castilla y León.
Esa comparación cambia la imagen habitual de la nube. Lo que a menudo parece un servicio invisible adopta aquí la forma de una infraestructura que pide más electricidad que toda una provincia y que además necesita una central térmica de gas natural con un consumo equivalente a 300.000 hogares al año.
También ocupará mucho suelo.
El plan abarca 33 hectáreas con cinco edificios en Monfarracinos y suma un parque solar de 978 hectáreas a 14 kilómetros. Ese campo cubriría el 18% del término municipal de Aspariegos y el 19% del de Villalube, de modo que el proyecto no se limita al municipio donde se levantaría el centro de datos, sino que dibuja una huella territorial bastante más amplia, como ya ocurre en proyectos eléctricos desmesurados.
Las emisiones y el ruido llevan el debate al terreno cotidiano
Manuel García pone el acento en el coste ambiental más directo y más difícil de disimular tras el lenguaje técnico.
"Este es, con seguridad, el daño más grave que acompaña a este centro de datos". - Manuel García, investigador predoctoral del CSIC
Habla de unas emisiones anuales de dióxido de carbono equivalentes al 2% del total de Castilla y León y al 10% de sus emisiones directas. A eso añade otra alerta menos abstracta, porque calcula que el ruido crecerá un 280% durante el día y un 900% durante la noche en las inmediaciones.
Además, García considera "incomprensible" que el informe ambiental no incluya estudios térmicos. En infraestructuras de este tamaño, esa ausencia pesa porque la discusión no se queda en balances globales, también entra en la temperatura, el sonido y la respiración de quienes viven cerca, una tensión que ya ha aparecido en el rechazo vecinal a otros centros.
El empleo prometido no convence a quienes viven alrededor
Sobre el papel, el proyecto calcula 426 empleos. La disputa está en cuántos de esos puestos arraigan de verdad en la zona y cuántos pertenecen solo a la fase de construcción o a equipos que llegan de fuera.
Pilar Sánchez resume esa desconfianza con una idea muy concreta.
"Solo contratan en su construcción, las empresas traen a sus equipos, y luego se mantienen desde lejos". - Pilar Sánchez, integrante de la plataforma vecinal
Ahí aparece una grieta clásica en muchos desarrollos industriales. El empleo se presenta como argumento principal, pero los vecinos temen que la actividad estable quede lejos mientras el territorio absorbe la ocupación del suelo, el ruido, la central de gas y unas emisiones que durarán 25 años, la vida prevista de esa planta térmica.
No todas las voces del entorno comparten el rechazo frontal. José Luis Hernández, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Zamora, lo formula con una frase breve que condensa la otra mitad del debate cuando dice que "no podemos oponernos a todo".
La fractura política deja una pregunta incómoda en el aire
Manuel Martín, alcalde de Monfarracinos por el PP, ya había dicho que no quiere ir "en contra del progreso", aunque tampoco acepta la inversión "a cualquier precio" y sostiene que su Ayuntamiento no apoyará ningún proyecto que vaya contra el bienestar y la salud de los vecinos. Guarido, desde la alcaldía de Zamora, va más lejos y acusa a la Junta de confundir "el interés comercial de un promotor privado con el interés general de la ciudadanía".
Mientras tanto, la asociación vecinal ha convocado un encuentro informativo para el 5 de noviembre en Torres del Carrizal. La escena final de este pulso no está en un laboratorio ni en un servidor, sino en una comarca donde un municipio de 1.000 habitantes discute si 426 empleos compensan un consumo eléctrico del 330% de toda su provincia.