Tres años han bastado para que una compra casi experimental se convierta en rutina administrativa. Los pagos por servicios de chatbots de inteligencia artificial en organizaciones públicas españolas han pasado de un único contrato en noviembre de 2022 a más de 1.350, con un gasto acumulado superior a 394.000 euros.
La cifra impresiona menos por su volumen que por lo que revela. Mientras entre 2018 y 2026 las administraciones adjudicaron más de 2.500 contratos con inteligencia artificial en su objeto por 172 millones de euros, la ola reciente de chatbots dibuja otra escena, más cotidiana, más dispersa y mucho más pegada al escritorio.
OpenAI entró antes de que ChatGPT se hiciera público
Cinco días antes del lanzamiento de ChatGPT, Mobile World Capital ya había firmado el primer contrato público con OpenAI en España. Fueron 80 euros destinados a una herramienta de generación de imágenes, una cantidad mínima que hoy parece casi una nota al pie del arranque institucional de esta fiebre.
Después llegó la primera suscripción a ChatGPT como tal. La contrató en diciembre de 2022 un grupo de la Universitat Rovira i Virgili, cuando el servicio todavía se exploraba con más curiosidad que protocolo.
Ahí aparece una de las claves del momento inicial. Las entidades catalanas fueron las primeras en mover ficha durante el primer año de vida de ChatGPT, con contratos de Mobile World Capital, la Fundació Institut Català d'Investigació Química, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili y el Ayuntamiento de Barcelona.
Clara Granell, investigadora de Sistemas Complejos, recuerda cómo se vivió aquel arranque.
"Era algo revolucionario, teníamos que explorarlo bien y la versión gratis era muy limitada al principio" - Clara Granell, investigadora de Sistemas Complejos
Aquella mezcla de limitación técnica y curiosidad explica buena parte del patrón posterior. Primero entraron laboratorios, universidades y entidades con margen para probar. Más tarde llegaron compras más estables, licencias empresariales y una administración que empezó a pagar por acceso continuado en lugar de tantear versiones abiertas.
Las universidades tiran del gasto menudo y constante
No siempre manda el contrato más grande. A veces pesa más la repetición, y ahí la Universidad de Murcia destaca con 402 contratos con empresas de inteligencia artificial por casi 27.000 euros.
La Universitat Pompeu Fabra ofrece otro retrato igual de elocuente. Ha firmado 320 contratos con OpenAI por 15.700 euros y además utiliza servicios de inteligencia artificial incluidos en Google Workspace for Education Plus, una vía que muestra cómo estas herramientas pueden entrar también empaquetadas dentro de suites más amplias.
En la Universitat de València el dibujo es distinto, pero igual de claro. Suma tres contratos de 13.000 euros cada uno entre 2024 y 2026, hasta alcanzar 39.000 euros.
Ese goteo universitario ayuda a entender por qué el mapa no se parece al de la gran contratación tecnológica que ya se veía en plataformas, infraestructura y servicios integrales, un terreno donde el uso diario de IA también se ha ido normalizando fuera de la administración.
Barcelona firmó el mayor contrato y compró 52 cuentas
El mayor contrato con OpenAI lo adjudicó el Ayuntamiento de Barcelona. Alcanzó 70.000 euros para suministrar licencias ChatGPT Enterprise a Barcelona Serveis Municipals e incluía 52 cuentas de usuario.
Ese dato sitúa la conversación en un terreno muy concreto, el de las licencias nominales y el trabajo ordinario de oficina. Ya no hablamos solo de proyectos piloto o de grandes sistemas de inteligencia artificial integrados en infraestructura pública, sino de empleados que acceden a un chatbot como quien abre el correo o una hoja de cálculo.
También el Ministerio de Defensa asoma en esa transición por una vía más discreta. ISDEFE, entidad dependiente del ministerio, ha gastado 17.300 euros en licencias de inteligencia artificial.
Copilot y Gemini apenas aparecen cuando se mira el BOE pequeño
Pese a la visibilidad pública de varias marcas, los contratos que mencionan de forma explícita Copilot o Gemini son solo cuatro. Tres corresponden a Copilot con Microsoft en 2024 por 1.348 euros en total y uno a Gemini en 2026 por 4.000 euros para diez licencias del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables.
La comparación deja un matiz llamativo. OpenAI concentra la mayor parte del gasto en chatbots dentro de la contratación pública analizada, mientras otras herramientas muy presentes en el debate empresarial apenas dejan rastro nominal en los expedientes, algo que también se cruza con la regulación del uso público de estos sistemas.
Anthropic ocupa un lugar intermedio y peculiar. La compañía creadora de Claude, lanzada en 2023, suma 56 contratos públicos por 28.000 euros, aunque el mayor de ellos no retrata un despliegue masivo de chatbot.
Lo firmó por 7.000 euros la Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Mercantil Estatal, dependiente del Ministerio de Hacienda, para mantenimiento de Matlab. El dato obliga a mirar dos veces los expedientes, porque bajo la etiqueta de inteligencia artificial conviven usos muy distintos y no todos responden al imaginario del asistente conversacional.
Entre 2018 y 2026 la contratación pública con inteligencia artificial sumó 172 millones de euros, pero el capítulo de los chatbots apenas supera 394.000 euros. La distancia entre ambas cifras retrata dos velocidades, la de la gran infraestructura adjudicada sobre todo a NTT Data Spain, Telefónica e Indra, y la del funcionario o investigador que ya paga por sentarse frente a una ventana de texto.