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Europa y Australia quieren poner una barrera clara entre la infancia y un entorno digital que ya no se parece a un patio de recreo.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, comparte esa ofensiva con Emmanuel Macron, presidente de Francia, William Ruto, presidente de Kenia, y Anthony Albanese, primer ministro de Australia, al copresidir el Diálogo de Alto Nivel para la protección de los derechos de la infancia frente a la Inteligencia Artificial. No es una alianza menor, porque reúne a países con realidades tecnológicas distintas bajo una misma preocupación.
"Un mundo digital sin reglas no es un espacio de juego, es una jungla sin ley" - Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España
España ya impulsa una ley para fijar en 16 años la edad mínima de acceso a las redes sociales. Australia ya aprobó ese umbral y Francia lo colocó en 15, de modo que la discusión ya no gira solo en torno a advertencias, sino también a edades concretas y responsabilidades políticas.
Macron sitúa el asunto en el terreno de la salud pública, una formulación que eleva el debate por encima de la simple moderación de contenidos. En ese marco encajan también los menores que ya usan IA, porque la exposición empieza mucho antes de que exista una norma capaz de acompañarla.
"Proteger a los niños en línea es una prioridad fundamental de salud pública, un hecho probado y documentado por científicos de todo el mundo" - Emmanuel Macron, presidente de Francia
Después, el presidente francés da un paso más y traslada esa cautela a la inteligencia artificial. Macron sostiene que la IA no debe estar disponible para los niños sin antes ser probada, evaluada y autorizada.
Ahí aparece una tensión incómoda. La tecnología promete aprendizaje, acceso y compañía, pero los gobiernos que hoy la impulsan también admiten que no quieren dejarla circular libremente entre menores sin filtros previos.
Anthony Albanese lo plantea como un problema de escala internacional. A su juicio, mientras crecen las capacidades de la IA también aumentan los riesgos y la necesidad de colaboración entre países, una idea que encaja con un debate que ya no cabe dentro de una sola frontera.
Desde África, William Ruto introduce un matiz que evita una lectura simple del problema. Para muchos niños africanos, recuerda, el acceso a la tecnología significa acceso a educación, conocimiento, atención médica y nuevas oportunidades.
Ese contraste importa.
Porque la misma conversación que en Europa se formula como límite de edad, en otras regiones también pasa por el derecho a no quedar fuera de herramientas que pueden abrir puertas básicas. Entre la protección y el acceso no hay una respuesta cómoda, y por eso el debate resulta más político que técnico.
Sánchez empuja esa idea hacia el terreno económico y moral cuando advierte de que algunos tecno oligarcas concentran poder y riqueza, además de moldear valores y preferencias. También exige que las empresas rindan cuentas por el impacto de sus actividades entre los menores y rechaza que puedan privatizar beneficios mientras socializan costes.
La próxima cita ya tiene fecha, porque Macron ha anunciado una nueva reunión en noviembre en el Foro de París. El dato retrata bien la magnitud del pulso actual, con varios gobiernos intentando fijar reglas comunes mientras discuten a la vez quién protege, quién decide y quién asume la factura cuando los menores quedan en medio.