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Durante más de un año y medio, una voz de jefe y una videollamada aparentemente rutinaria bastaron para abrir la caja fuerte de miles de empresas.
La acusación presentada en un tribunal federal de distrito de Nueva York atribuye a tres personas una estafa de 129 millones de dólares basada en fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero. Jacob Soall, de 41 años, Sharon Hazan, de 54, y Guy Sheetrit, de 42, habrían usado inteligencia artificial para suplantar a ejecutivos y abogados con un método tan simple como inquietante.
El correo parecía interno y la llamada terminaba de cerrar el engaño
Primero llegaba un correo que aparentaba proceder del director ejecutivo y pedía ayuda con una transacción financiera confidencial. Después, los acusados coordinaban llamadas o videollamadas con herramientas capaces de imitar la voz y la imagen de ese mismo ejecutivo, justo el detalle que suele desactivar la desconfianza cuando alguien cree estar hablando con su jefe.
Ahí no acababa la escena.
Las víctimas recibían la instrucción de contactar con un abogado de un gran despacho, una identidad que el grupo también habría suplantado para reforzar la apariencia de legalidad. Jacob Soall, según la acusación, llegaba a hacerse pasar por abogados del Reino Unido con apoyo de un guion manuscrito titulado Lawyer Call servía para sostener la ficción durante la conversación.
El dinero salía hacia cuentas bancarias repartidas por todo el mundo y luego pasaba a criptomonedas para ocultar su origen y facilitar el reparto. Ese recorrido convierte una orden urgente en un rastro mucho más difícil de seguir, aunque el arranque del fraude naciera de algo tan reconocible como un correo de oficina.
Las víctimas muestran que el golpe no distinguía entre sectores
La lista incluye sistemas hospitalarios de Misuri y California, un banco de Rhode Island, una empresa de tecnología financiera del Reino Unido, una gestora de fondos de Massachusetts y una compañía de alimentos para mascotas en Florida. Salud, banca, finanzas y consumo aparecen aquí bajo la misma lógica, porque el blanco no era un sector concreto sino cualquier organización donde una orden verosímil pudiera mover dinero deprisa.
También encaja en ese patrón la suplantación de voz, una táctica que ya ha aparecido en fraudes con voz clonada que explotan la confianza inmediata de quien escucha una entonación familiar. Aquí esa confianza no se dirigía a un pariente ni a un amigo, sino a la jerarquía interna de una empresa y al prestigio de un despacho jurídico.
"A medida que los delincuentes continúan convirtiendo en arma las tecnologías emergentes, el FBI mantiene su compromiso de adaptar rápidamente nuestras capacidades para identificar, investigar e frenar a quienes buscan perjudicar a los neoyorquinos y a las empresas que operan en nuestras comunidades" - James C. Barnacle, Jr., subdirector del FBI
James C. Barnacle, Jr., subdirector del FBI, sitúa así el caso en una frontera cada vez menos teórica entre delito clásico y herramientas de IA. La novedad no está en pedir una transferencia con urgencia, sino en añadir una capa audiovisual capaz de volver más creíble la mentira.
Los arrestos llegaron entre junio y septiembre y dejaron un rastro anterior
Las autoridades arrestaron a los tres sospechosos entre junio y septiembre. La acusación también los vincula con España, Reino Unido, Israel y Emiratos Árabes Unidos, una dispersión geográfica que encaja con cuentas repartidas en varios países y con el movimiento posterior del dinero.
En el grupo aparecen además alias como Rocky Balboa, Superman Cash y Fat Boy, nombres que contrastan con un fraude dirigido contra miles de empresas y con pérdidas millonarias. Sharon Hazan arrastra, además, una condena dictada en 2008 por un tribunal de Nueva York por conspiración para cometer fraude bancario.
Otro detalle llama la atención por su parecido con suplantaciones en videoconferencia detectadas en otros fraudes recientes. Cuando la estafa ya no depende solo de un mensaje escrito, sino de una cara y una voz fabricadas para dar órdenes, verificar deja de ser un gesto automático y pasa a exigir casi el mismo cuidado que autorizar un pago.
Si el tribunal declara culpables a los acusados, cada cargo acarrea una pena máxima de 20 años, salvo el de robo de identidad agravado, fijado en dos. La cifra que queda al final, sin embargo, no es esa, sino 129 millones de dólares obtenidos a base de correos corrientes, llamadas persuasivas y una imitación suficiente para que miles de empresas confundieran una orden falsa con la voz del poder.