Deepfakes contra migrantes: juristas ven encaje en el Código Penal y algunos pueden sumar agravante por discriminación

Penalistas sostienen que los montajes vejatorios con IA sobre migrantes pueden castigarse como trato degradante o, según el caso, como delito de odio. El miedo a denunciar sigue frenando los casos.

16 de noviembre de 2026 a las 16:17h
Deepfakes contra migrantes: juristas ven encaje en el Código Penal y algunos pueden sumar agravante por discriminación
Deepfakes contra migrantes: juristas ven encaje en el Código Penal y algunos pueden sumar agravante por discriminación

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Un vídeo manipulado puede convertir a una persona en caricatura y a un colectivo en diana.

Eso es lo que ocurre con varias ultrafalsificaciones difundidas contra migrantes, donde la alteración no inventa solo una escena sino una humillación reconocible. En España ya existen dos condenas por trato degradante en deepfakes sexuales, las de Almendralejo y Sevilla, y varios penalistas sostienen que ese mismo encaje penal alcanza también a montajes vejatorios contra personas migrantes identificables.

El Código Penal ya permite leer estas falsificaciones de otra manera

Cristian Sánchez, penalista e investigador en la Universidad de Jaén, sitúa el debate en el artículo 173 del Código Penal, el que castiga el trato degradante. A su juicio, se ha asumido con bastante rapidez que el deepfake sexual cabe ahí, pero esa misma reacción no aparece cuando la deshumanización afecta a migrantes, uno de los colectivos más silenciados.

"Hemos naturalizado que el deepfake sexual tiene cabida en el artículo 173 del Código Penal, pero en el caso de los migrantes, como no hay jurisprudencia y es uno de los colectivos más silenciados, quizá no tenemos tan naturalizado que este tipo de deshumanización también encajaría aquí". - Cristian Sánchez, penalista e investigador en la Universidad de Jaén

La clave jurídica no está en la herramienta, sino en el daño. Sánchez recuerda que el artículo 173 protege el derecho de cualquier ser humano a no ser cosificado, y ahí entra tanto una falsificación sexual como otra que rebaje a alguien a objeto de burla, desprecio o escarnio público.

Diego Boza, penalista e investigador en la Universidad de Cádiz, introduce un matiz decisivo. El artículo 173 protege a individuos concretos y no a colectivos enteros, porque tutela un derecho personalísimo.

Por eso el detalle técnico importa tanto como el jurídico. imágenes falsas sobre migración pueden rozar territorios distintos según exista una persona real detrás, pueda reconocerse su rostro y haya una intención clara de humillación.

La frontera legal cambia cuando la víctima existe y puede reconocerse

Boza sostiene que esas ultrafalsificaciones encajan en el artículo 173 cuando la persona aparece claramente identificada y el montaje busca vejarla. Lo resume de forma directa al afirmar que, si la conducta genera humillación hacia el inmigrante y él puede reconocerse, debería aplicarse la misma regla que ya opera en los casos de carácter sexual.

Omar Abdedaim, penalista e investigador en la Universidad de Alicante, coincide con esa lectura y añade otra pieza. Si además se trata de personas migrantes, considera posible aplicar la agravante del artículo 22 por discriminación para recoger toda la ilicitud de la conducta.

"Considero que tiene perfecto encaje porque este artículo tutela el derecho a ser tratado como una persona y no como mero objeto. Tratándose además de personas migrantes, que es un colectivo especialmente protegido, se podría aplicar la agravante del artículo 22 por discriminación para recoger toda la ilicitud de la conducta". - Omar Abdedaim, penalista e investigador en la Universidad de Alicante

No todos los montajes, sin embargo, pisan el mismo suelo penal. Abdedaim traza la línea en una frase muy concreta, porque si la persona no existe no hay un bien jurídico individual lesionado.

Ahí cambia de artículo. Cuando la imagen ha sido generada desde cero con inteligencia artificial y el objetivo no es vejar a una persona reconocible sino desacreditar a todo un colectivo, Abdedaim apunta al delito de odio del artículo 510, una vía que conecta con deepfakes políticos y emocionales diseñados para extender desprecio.

Los ejemplos muestran que no hablamos de una hipótesis remota

Ya se han detectado montajes que manipulan vídeos reales de migrantes senegaleses durante una deportación, de un hombre tunecino entrevistado sobre el acuerdo migratorio entre Albania e Italia y de un migrante en una playa de Ceuta al que le cambiaron un palo por un gato. Son alteraciones pequeñas en apariencia, pero suficientes para desfigurar el sentido de una escena y empujarla hacia la burla.

También circuló un deepfake completamente sintético de una mujer musulmana inexistente que decía que volvería a su país si ganaba Vox porque se le acabarían las ayudas. En ese caso no hay una víctima individual identificable, pero sí un mensaje fabricado para atribuir oportunismo, fraude o parasitismo a un grupo entero.

Después de la crisis humanitaria de Ceuta, el contenido deshumanizante contra la población migrante en redes sociales aumentó un 255%.

El problema no es solo castigar, sino quién se atreve a denunciar

La persecución penal de estos hechos no depende necesariamente de que la víctima dé el primer paso. Los delitos contra la integridad moral y los delitos de odio pueden perseguirse de oficio, de modo que fiscalías y unidades especializadas tienen margen para impulsar investigaciones aunque la persona afectada no inicie el procedimiento.

"Las fiscalías, por ejemplo, pueden hacerlo con sus unidades especializadas en cibercriminalidad, pueden impulsar estas investigaciones". - Omar Abdedaim, penalista e investigador en la Universidad de Alicante

El obstáculo aparece mucho antes, en el miedo. El 81,8% de las personas que sufren racismo en España no denuncian la discriminación, y Cristian Sánchez cree altamente improbable que una persona migrante acuda a comisaría por una vejación de este tipo si teme acabar expedientada para su expulsión.

Amnistía Internacional ha documentado además numerosos casos de tortura por parte de militares a migrantes en Ceuta. Diego Boza formula entonces una pregunta que pesa más que muchas teorías, porque si las propias autoridades ejercen violencia, denunciar el uso vejatorio de tu imagen deja de parecer un derecho accesible y empieza a parecer un riesgo.

La paradoja final resulta difícil de ignorar, porque hay margen legal para actuar de oficio y al mismo tiempo el colectivo que más podría necesitar esa protección es uno de los que menos puede reclamarla sin miedo.

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