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El calendario europeo sobre inteligencia artificial ha dado a muchas empresas una coartada perfecta para esperar. Sin embargo, el alivio puede salir caro, porque el 31,7% de los CEO de grandes compañías españolas todavía no ha implantado medidas para adaptarse al reglamento, justo cuando varias obligaciones ya están en vigor.
El aplazamiento hasta 2027 no frenó lo que ya empezó
Desde el 2 de agosto rigen las obligaciones de transparencia del Reglamento Europeo de IA.
Ahí aparece la primera confusión de fondo. El retraso hasta diciembre de 2027 afecta a sistemas de alto riesgo usados en selección de personal, biometría o evaluación de solvencia, pero no borra el resto del calendario ni suspende deberes ya activos.
La obligación de garantizar la alfabetización en IA de las plantillas está vigente desde febrero de 2025, y el régimen aplicable a los modelos de propósito general arrancó en agosto de 2025. Ese marco ya prevé sanciones de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación mundial, una escala que explica por qué el cumplimiento dejó de ser un asunto técnico para convertirse en una cuestión de dirección.
Además, las prácticas prohibidas dibujan la frontera más dura del reglamento. El scoring social, la manipulación encubierta o la biometría no autorizada pueden acarrear multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global.
Muchas empresas formaron a la plantilla, pero pocas ordenaron el mando
No todas las compañías han reaccionado igual ante ese mapa regulatorio. Entre las que sí han adoptado medidas, el 70,7% ya ha formado a sus empleados en el uso responsable de la IA, mientras el 47,3% ha creado un comité o ha nombrado a un responsable de gobernanza.
El siguiente escalón baja todavía más. Solo el 33,7% ha establecido políticas internas, un dato que sugiere que muchas organizaciones han empezado por la sensibilización antes que por fijar reglas propias, una diferencia que ya había aflorado en la gobernanza en pymes.
Alfredo Zurdo, Head of Digital Change en Entelgy, sitúa ahí el verdadero problema.
"Existe una falsa sensación de alivio en el mercado. El nuevo calendario no detiene las obligaciones de transparencia ni la urgencia de clasificar los sistemas de alto riesgo. Las empresas deben asimilar que el cumplimiento de la Ley de IA no se soluciona simplemente comprando software con licencias seguras. Se trata de un reto organizativo que exige criterio propio, políticas claras y una acción inmediata por parte de los comités de dirección". - Alfredo Zurdo, Head of Digital Change de Entelgy
Su advertencia apunta menos al software que a la estructura interna de la empresa. Comprar herramientas con garantías contractuales puede reducir riesgos, pero no sustituye la tarea de decidir quién supervisa, cómo se clasifica cada uso y qué límites operan cuando la IA entra en procesos sensibles.
La presión regulatoria ya alcanza a quien usa IA y no solo a quien la vende
Ese matiz cambia la lectura del retraso europeo. Una cosa es aplazar obligaciones reforzadas para sistemas de alto riesgo y otra muy distinta asumir que el cumplimiento puede dejarse para más adelante, como ya mostró las reglas sobre transparencia aplicadas a contenidos generados o manipulados.
En la práctica, el reglamento ya obliga a muchas empresas a mirarse por dentro antes de mirar a Bruselas. La pregunta no consiste solo en qué herramienta compran, sino en qué decisiones toca esa herramienta, qué datos procesa y qué responsabilidad asume la dirección cuando un sistema opaco interviene en contratación, solvencia o identificación biométrica.
El contraste queda encerrado en dos cifras. Mientras el 31,7% de los CEO aún no ha movido ficha, las multas máximas por prácticas prohibidas llegan a 35 millones de euros o al 7% de la facturación global.